Reviven iniciativa que impulsa el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Oficiales de Panamá

Consejo Nacional de Rectores

Comisión de Educación, Cultura y Deportes
Comisión de Educación, Cultura y Deportes / Foto/Asamblea Nacional

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes, no desiste y aprobó, por segunda ocasión, el primer debate del proyecto de ley N° 1059, "Que crea el Consejo Nacional de Rectores de Universidades Oficiales de Panamá", normativa que fue declarada inexequible por el Órgano Ejecutivo el año pasado.

El primer Consejo será presidido por el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, por un periodo de dos años y en esta casa de estudios superiores se ubicará la sede, cuyo mando y ubicación se irá rotando.

Cabe destacar que esta iniciativa también incluirá a la recién creada Universidad Autónoma de los Pueblos Indígena (UAPI).

El presidente de la comisión, Luis Cruz, expresó que el proyecto propuesto por la diputada Alina González, es una oportunidad para mejorar los valores, aptitudes, trabajo en equipo y lo académico para repercutir en el ciudadano que está en formación universitaria.

El diputado Héctor Brands, por su parte, indicó que no dudaba de que el proyecto es bueno y que la educación superior lleva un avance enorme con esta propuesta.

Acotó que apuesta a que el Consejo de Rectores de Universidades Oficiales evolucione y que establezca una hoja de ruta para el desafío de la educación.

Virgilio Sousa, director académico de Tercer Nivel del Meduca, sostuvo que el proyecto es una nueva forma para la educación superior en nivel oficial. "Fortalece la educación en las universidades oficiales y potencia lo académico, tecnológico, técnico-salud, y evalúa los planes para estudiantes de primer ingreso", sustentó.

Flores expresó que, al iniciar este debate comienza una etapa histórica, tal como lo dijo hace un año cuando fue aprobado el proyecto 864.

Los presentes dijeron esperar que una vez se dé el segundo y tercer debate, el presidente de la República sancione la ley, ya que promueve el apoyo mutuo entre las universidades y no acarrea gastos, sino una mejor distribución de los recursos.

 

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