Respuesta del Gobierno para acatar fallo de la Corte sobre la minera es extemporánea, según abogado

Ciudad de Panamá/El abogado ambientalista, Harley Mitchell, consideró que el Órgano Ejecutivo y las instituciones que los componen no tenían por qué esperar que el presidente de la Republica o que el Consejo de Gabinete les instruyera que tenían que cumplir con el fallo que declaró inconstitucional la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado y Minera Panamá, puesto que es una obligación de todo el gobierno y debió hacerse de manera inmediata.

Esto, para evitar cualquier problema ambiental. Y es que, para Mitchell, la manera en que fue rota la relación jurídica entre el Estado y Minera Panamá ha provocado una serie de externalidades.

Entre ellas, el abogado puso como ejemplo la falta de tratamiento continuo de los materiales químicos que allí se encuentran y que tienen que ser sacados y en algunos casos comercializados, para evitar que exista un posible desastre ambiental.

Una respuesta de tres meses del gobierno nacional para tomar medidas con respecto a esto, no solamente es extemporáneo, sino que es irresponsable y probablemente ilegal", puntualizó.

El jurista recordó que el fallo ha servido para medir con una vara el estilo de desarrollo que, según toda la normativa analizada en el mismo, se prefiere para Panamá, desarrollo que toma en cuenta las disposiciones de derecho y las medidas necesarias para que exista un equilibrio, pues la inversión no puede ser más importante que la vida misma.

El pasado 25 de noviembre de 2023, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró de manera unánime, la inconstitucionalidad de la Ley 406 que establecía el contrato entre el Estado y Minera Panamá, luego de cinco días desde que la Corte se declaró en sesión permanente para discutir dos de las diez demandas presentadas contra dicho contrato.

No obstante, la resolución de gabinete 19-24 para acatarlo, fue proferida exactamente tres meses después del fallo, el 27 de febrero pasado.

La Resolución instruyó a todos los ministerios e instituciones centralizadas y descentralizadas relacionadas, según sus competencias y funciones legales, para continuar con las medidas administrativas necesarias para elaborar e implementar el Plan Ordenado de Cierre Definitivo de la Mina Cobre Panamá, en virtud de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Ley 406 de 2023.

 La medida establece que los ministerios de Comercio e Industrias (MICI) y Ambiente (Mi Ambiente) adopten las medidas administrativas de conformidad al Código de Recursos Minerales y según la legislación ambiental vigente, a fin de que Minera Panamá S.A. garantice la estabilidad física y química de los ecosistemas ambientales e infraestructuras en la Mina Cobre Panamá y sus zonas aledañas, mediante la ejecución de un Plan de Preservación Ambiental y Gestión Segura (cuido y mantenimiento) como fase temporal y primer paso hacia el Plan Ordenado de Cierre Definitivo de la Mina Cobre Panamá.