La Gran Mentira
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El polémico proyecto de Ley que busca darle identidad a los bebés fallecidos en el vientre materno sale a relucir nuevamente. Los diputados de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia pretenden este jueves discutirlo en Primer Debate.
El proyecto de Ley 18 busca que los bebés fallecidos en el vientre materno sean inscritos en un libro de defunciones de personas concebidas no nacidas y para eso la madre o el padre deberían inscribirlo en el Registro Civil con nombre y apellido.
“El contenido, el título, es algo completamente distinto. Lo vamos a ver este jueves, lo vamos a esperar”, adelantó la diputada, Zulay Rodríguez.
La propuesta modifica a su vez el Artículo 60 de la Ley de Registro Civil que habla sobre las defunciones. Ahora incluiría en la base de datos de personas fallecidas aquellas que ocurran en el vientre materno, cualquiera sea la causa de la muerte o edad gestacional.
Para quienes se oponen a esta iniciativa, es redundar en lo que actualmente existe con diferentes palabras. Actualmente, los centros hospitalarios llevan un registro, pero se detallan como abortos aquellos embarazos que se interrumpen antes de las 20 semanas, y de 21 semanas en adelante se registran como bebés fallecidos.
“Creemos en el duelo que exista alrededor de las expectativas de un embarazo. Pero también tenemos que ser muy coherentes de toda la serie de eventos de índole legal que existen alrededor de esta iniciativa. Abre la siempre controversial discusión sobre si es un aborto inducido o espontáneo”, apuntó el ginecólogo, Domingo Moreno.
Se registra el bebé y, ¿qué ocurre? ¿qué genera? Son preguntas que se hace la presidenta de Fundagénero, Gilma De León, quien añade que el dolor de una pérdida no lo quita una inscripción.
“Si yo tengo un dolor que me causa una pena tan grande que me deja un trauma, yo creo que es hasta de sentido común que lo que hay que buscar es un experto de conducta humana. El tener consignada una pérdida en un libro de registro no es lo que va a devolver la paz y la tranquilidad”, señaló De León.
La iniciativa legislativa, según la diputada proponente Corina Cano, se basa en que, en Panamá, de acuerdo con la Contraloría, del año 2013 al año 2017 se dieron más de 9 mil 400 defunciones fetales ocurriendo la mayoría de ellas antes de las veinte semanas.