Ministro de Comercio da detalles sobre el acuerdo alcanzado con empresa Minera Panamá

El ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez, aclaró que, tras la etapa de negociación con Minera Panamá, el paso a seguir es la redacción del contrato para lo que se harán ciertas consultas, posteriormente pasará a Consejo de Gabinete, refrendo del Contralor y luego la aprobación en la Asamblea Nacional, lo que podría tardar dos meses.

Según Martínez, los diputados no podrán hacer ningún tipo de modificación al contrato, solo podrán aprobar o desaprobar.

Sobre el uso de agua y polígonos de tierra, el ministro dijo que como se había dicho desde el principio, este ha sido un nuevo contrato que cambia el panorama de lo que Minera Panamá tenía en mente, partiendo de cero y estableciendo que el concesionario debe solicitar al Ministerio de Ambiente el uso de agua y debe pagarlo correspondiente a los cánones que establece la Ley, además de hacerlo de forma responsable.

Además, aseguró que este nuevo contrato establece un perímetro muy bien delimitado, que es el que se tenía para la explotación, mientras que los terrenos donde tengan maquinarias u otros inmobiliarios tendrán que ser alquilados al Estado, debido a que no son parte de la concesión, tampoco se otorgarán tierras adicionales para la exploración ni explotación.

“El gobierno se ha preparado de una forma histórica, yo diría que parte del éxito de esta negociación es la preparación que ha tenido el equipo, el haber tenido asesores internacionales del G7 nos ha permitido tener un panorama mucho más abierto a la negociación”, expresó.

Explicó que Minera Panamá operaba en unas condiciones donde se invierten 7 mil millones de dólares, dichas condiciones estaban por debajo de lo que establece el Código de Recursos Minerales. Según dice Martínez, pudieron percibir que la empresa pensaba que se negociaría algo en el medio de lo que ya tenían en contrato, pero el gobierno fue por encima de lo que dice el Código de Recursos Minerales en consideración a las mejores prácticas internacionales y en un esquema que de la posibilidad de recibir los beneficios más justos por la explotación.

Destacó que las proyecciones son asombrosas, pasando de 30 y tantos millones a 400 millones de dólares, poniendo un piso de 375 millones de dólares y dejándolo sin techo, algo que poco ha visto en una negociación.

Indicó que, esta es una negociación que le queda de modelo a los próximos gobiernos y a las futuras generaciones, por lo que se siente orgulloso de lo que se logró.

Según Martínez, el cálculo de las regalías en otros países normalmente oscila entre el 2 y 5%, por eso se cambió a un sistema de ganancia bruta como el que utiliza Chile y Perú, lo que da la posibilidad de que en la medida que la empresa gane más, el Estado gana más.

“De acuerdo a la información pública, los costos de la empresa, el margen de ellos estaría en estos momentos arriba del 50 %, así que tomando en consideración la información, esta es la mejor forma de recaudar ingresos y de poder recaudar mucho más ingresos en la medida que el cobre suba su precio”, expresó.

El titular del MICI diferenció lo establecido en contrato con Panama Ports y el contrato de Minera Panamá, indicando que la ganancia bruta solo acepta los costos directos de producción, es decir, planilla, maquinaria, combustible y mantenimiento de maquinaria, no permite servicios profesionales, administrativos, intereses y otros, por lo que es muy delimitado a costo de producción directa.

En cuanto al uso que se les dará a los ingresos obtenidos por esta concesión, Martínez indicó que próximamente el presidente de la República, Laurentino Cortizo anunciará cómo se utilizarán los dineros, reconociendo que es muy importante saber cómo se emplearán, pero es algo que debe analizarse muy bien.

Garantías ambientales

Resaltó que a diferencia del contrato anterior se ha prestado mucha atención al tema ambiental, exigiendo tecnología de monitoreo en vivo del aire y del agua con información directa a nuestras instituciones para poder detectar si hay alguna anomalía y poder corregir.

Se han establecidos oficinas con dormitorio para que haya personal del Ministerio de Ambiente y la Dirección General de Recursos Minerales 24/7, para que puedan vigilar y verificar. Además, se incluyó el plan de cierre y post cierre de minas que incluye que cuando se vaya terminando de desarrollar un área debe rehabilitarlo, también se incluyen garantías y fianzas con aseguradoras para que si la empresa se pretenda ir sin rehabilitar el Estado tenga esos fondos para rehabilitar.

Sobre los nuevos contratos mineros que se están analizando, señaló que deben estar equiparados a las condiciones planteados con Minera Panamá.

No obstante, aclaró que la moratoria de nuevas concesiones mineras establecida en el Pacto Bicentenario sigue en firme como un compromiso del presidente Cortizo.