Los pecados que han sacudido a la Iglesia católica panameña en los últimos años

En los últimos años, la Iglesia católica en Panamá no ha estado libre de escándalos y de todo aquello que se aparta de lo recto y lo justo. Desde los años 90, por lo menos, se han reportado hechos que han estremecido la opinión pública y que dentro de las normas legales del país son delito y para la moral cristiana son pecados.

Era finales de la década de los 90 cuando un sacerdote, de nombre Martín Villegas, asignado a Las Palmas de Veraguas, fue condenado por acoso sexual contra varios niños.

Luego, en agosto de 2002, a través de una llamada anónima se denunció supuesto delito sexual contra estudiantes del Instituto Agropecuario Jesús Nazareno de Atalaya. Por ese caso se llevó a juicio en octubre de 2003 al sacerdote Roberto González Chávez, por acoso sexual contra tres estudiantes.

En agosto de 2005 fue condenado a 20 meses de prisión. Pero a pesar de la sentencia, la Iglesia católica le dejó seguir ejerciendo funciones en un centro misionero de la comarca Ngäbe Buglé mientras se resolvía un recurso de casación en la Corte, que se rechazó.

El 19 de mayo de 2002 se estremeció al país con la muerte de monseñor Jorge Altafulla a manos de Marco Manjarrez, quien habría dicho que lo asesinó, porque el padre era racista y despectivo, y "por la rabia acumulada, porque lo expulsó del Seminario Mayor San José", según una declaración de 11 páginas, de mayo de 2002.

En medio del caso, Manjarrez aseguró que cuando estuvo en el Seminario Mayor San José era acosado por compañeros seminaristas, que le hacían propuestas homosexuales. Manjarrez declaró que hizo la denuncia en la Rectoría, pero aclaró que Altafulla nunca estuvo implicado en esa situación.

Al revivirse el caso, 17 años después, Marco Manjarrez aclaró a TVN Noticias que las expresiones: "lo maté por rabia y porque me sacó del seminario" no forman parte del expediente.

El hoy abogado asegura que esas declaraciones "fueron ofrecidas como dadas por su persona, por el inspector Erwin Hurtado Pinzón, destituido de la otrora Policía Técnica Judicial. Hoy Dirección de Investigación Judicial (DIJ)".

"Nunca fueron dadas por mí persona, ni firmadas por mí en ninguna declaración indagatoria", señaló Manjarrez.

Actualmente, el padre David Cosca, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, está imputado por supuesto encubrimiento tras el homicidio de Eduardo Calderón, en un hecho del 7 de julio de 2018 ocurrido en un hotel de la localidad.

Al sacerdote se le acusa por supuesta obstaculización de la justicia, por extraviar un teléfono clave para el caso, en que ya fue condenado su amigo, Hidadi Santos Saavedra, a 20 años de prisión. Cosca está separado de su cargo desde el año pasado.

El más reciente se dio a conocer el pasado sábado 21 de septiembre, cuando la Arquidiócesis de Panamá removió a tres sacerdotes por supuestamente pagar por delitos sexuales. El Ministerio Público comunicó que inició una investigación por este caso.

Se trata de los presbíteros Rogelio Topin, Orlando Rivera y Karl Madrid, quienes fueron suspendidos de sus funciones. Se menciona que tres sacerdotes más podrían estar involucrados.