Surgen voces de rechazo por proyecto de Ley 508 que establece descuentos en la educación particular

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se unió a las voces que rechazan el Proyecto de Ley 508 que establece descuentos en la educación particular en modalidad virtual, semipresencial y presencial a nivel nacional, y que además, modifica algunos artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, y se dictan otras disposiciones, dado que viola la seguridad y certeza jurídica de la inversión privada; es decir, es inconstitucional.

Por el contrario, el gremio empresarial insiste en que el Estado debe ofrecer apoyo económico a los padres de estudiantes que presenten la necesidad, debido a la disminución de los ingresos, la suspensión de los contratos o la falta de empleo.

Resaltan que, con la llegada del COVID-19 a Panamá, los centros educativos particulares se vieron en la necesidad de adaptarse en tiempo récord a la modalidad virtual con las inversiones que exige en cuanto a software y en materia de ciberseguridad, cumpliendo en gran parte con su propuesta de educación para con sus estudiantes. Al tiempo que, en su mayoría, realizaron sacrificios junto con los padres de familia a fin de ofrecer soluciones y alivios financieros a los hogares donde los acudientes así lo necesitaban.

En un comunicado de Cciap, destaca que la mayor parte de las escuelas y colegios particulares continuaron con sus pagos de planilla y dando mantenimiento a instalaciones físicas que se necesitan en óptimas condiciones para cuando se dé el regreso a las aulas.

“Mientras que, el Estado no brindó auxilio alguno a los acudientes en necesidad producto de la crisis económica causada por las medidas impuestas por las autoridades,” indicó Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cciap.

El presidente del gremio empresarial subrayó que, “este proyecto de ley atenta contra la libre empresa, las escuelas y colegios particulares son iniciativas privadas que buscan ofrecerle una opción de calidad a los estudiantes del país; sin embargo, en los tiempos que vivimos, resulta inoportuno y contraproducente considerar legislaciones como estas que ponen en riesgo la sostenibilidad y no toman en cuenta las inversiones necesarias para brindar la calidad de educación que requiere el estudiante. Esto sería equivalente a un recorte de presupuesto del Meduca para el funcionamiento de los centros educativos oficiales, cuando se requieren inversiones para adecuarlos a las exigencias del momento”.

La Cciap considera que, de convertirse en Ley, se limitarán las ofertas educativas con costos asequibles, lo que redundará en menos opciones para el padre de familia, el cual deberá optar por el sistema educativo oficial; que ya enfrenta limitaciones importantes de cara a atender la actual población estudiantil.

“Por años, la educación particular ha brindado una alternativa a los padres de familias y estudiantes; mientras que, ha absorbido parte de un deber que le compete al Estado, contribuyendo al desarrollo de miles de niños y jóvenes, evidenciando con resultados el peso de su aporte”, añadió Leignadier.

Por otra parte, el gremio coincide con la Unión de Centros Educativos Particulares (Uncep), en que el proyecto de ley carece de un estudio técnico, que considere la estructura y características de un colegio; mientras que, atenta contra su capacidad operativa y sostenibilidad.

Tal y como señala Uncep, ya existe ya una normativa que establece el procedimiento para la coordinación de costos de las colegiaturas y matrículas, contenido en el Decreto Ejecutivo No. 601 de 2015 que reglamenta el proceso de coordinación entre el colegio, padres de familia y la participación del Meduca, seis meses antes de la inscripción.

Ante tales atenuantes, la Cciap solicita al Presidente de la República vetar este proyecto de ley con matices políticos, falta de sustentos técnicos y, ante todo, inconstitucional. Al tiempo que, reitera que, en vez de considerar fórmulas que coartan la libertad de enseñanza y emprendimiento particular, que ponen en riesgo la educación de toda una generación. “Urge que el Estado juegue un papel responsable apoyando a los acudientes y presentando un plan integral de regreso a las aulas de manera presencial”.