Reacciona firma de abogados panameña que trabajó en negociación de contrato minero

Ciudad de Panamá, Panamá/La firma de abogados Patton, Moreno & Asvat (PMA) reaccionó este jueves 7 de diciembre, mediante un comunicado y aclaró que fueron contratados por firmas legales internacionales al servicio del Estado panameño, para trabajar “específicamente” en la negociación y redacción de las cláusulas vinculadas a los ingresos que recibiría el Estado de Minera Panamá.

Alegan que “ninguna” de estas cláusulas fueron "declaradas inconstitucionales" por la Corte Suprema de Justicia.

“En noviembre de 2022, estando ya acordados los términos principales del contrato, Patton, Moreno & Asvat (PMA) se incorporó al proceso como abogados locales de las firmas legales internacionales al servicio del Estado, debido al estancamiento de las negociaciones sobre el monto que debería pagarse a Panamá, y ante el riesgo de tres procesos arbitrales iniciados por la empresa”, reitera el comunicado.

La firma agrega que alcanzaron los objetivos, primero, de asegurar que la redacción final del contrato garantizara el ingreso de B/.375 millones anuales durante toda la vigencia de la concesión y segundo, cerrar los tres arbitrajes interpuestos contra el Estado, dos bajo tratados de inversión y uno de tipo comercial.

Según esta firma, las sumas de dinero que se mencionan en medios y plataformas tecnológicas no corresponden a los servicios prestados.

“Con relación al alegato presentado por Patton, Moreno & Asvat (PMA) en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, nuestra firma sustentó que el nuevo contrato de concesión minera no requería de licitación basado en que el régimen jurídico especial para el yacimiento de Petaquilla, establecido en 1969, permanece derogado”, indicó PMA.

Manifiestan que “la Corte Suprema de Justicia no consideró este punto” en su fallo del 27 de noviembre de 2023”.

El pasado 28 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia informó al país, que por unanimidad declaró inconstitucional toda la Ley 406 del contrato minero.

Con el fallo, dicha ley quedó expulsada del sistema normativo que rige en el país, por violar, según la Corte, más de 20 artículos de la Constitución Nacional.

En tanto, el pasado 2 de diciembre, el Gobierno Nacional promulgó el fallo en la Gaceta Oficial.

Por su parte, Minera Panamá ha iniciado un proceso de arbitraje en Estados Unidos.

Mientras, en Panamá, la ciudadanía, gremios y sindicatos que protagonizaron cierres y manifestaciones esperan que se cumpla con el fallo y se proceda al cierre de la mina, proceso que según varios expertos, podría tomar entre tres y cinco años.