¿Qué es una moratoria minera?

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos días, han sido varias las voces que han solicitado al Gobierno Nacional, poner en marcha una moratoria minera, entre ellos, ambientalistas, empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), el gremio hoteleros e industrial de Panamá y otros.

Antes de definir este concepto y sus implicaciones, debemos indicar que, en Panamá, esta actividad se encuentra regulada por el Código de Recursos Minerales (Decreto Ley 23 de 1963 y modificatorias), la cual es, la principal legislación específica del sector. En ella, se establece el régimen de concesiones, régimen fiscal y de incentivos económicos y las obligaciones de los concesionarios y del Estado.

Frente al rechazo del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, por parte de la sociedad civil, gremios, sindicatos y otros sectores, todo apunta que la moratoria minera, podría ser la salida momentánea a las manifestaciones que ha dejado consigo pérdidas millonarias y un ambiente tenso en el territorio nacional.

¿Qué es una moratoria minera?

Una moratoria para la minería metálica, resguardaría los derechos fundamentales de los panameños. Es una figura que, por su amplitud, se ha venido aplicando de diversas maneras en distintos países del mundo.

En general, permitiría a través de un plazo, abrir la participación de las comunidades por medio del diálogo nacional, sobre los impactos de la minería.

El abogado ambientalista, Harley Mitchell Morán, señaló en una presentación junto a Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), donde se proponía un borrador de Código Minero, que la moratoria minera, es el cese de las actividades de exploración, extracción, transporte o beneficio, que será declarada por el Órgano Ejecutivo sobre la totalidad de las actividades mineras amparadas por este Código o sobre parte de éstas.

"La moratoria minera estaría fundamentada en el principio precautorio necesario para tomar medidas eficaces para la protección del ambiente y el alcance del desarrollo sostenible y tendrá por objeto lograr consensos nacionales en materia minera, adoptar medidas eficaces para evitar futuros incidentes, impulsar actividades ambientalmente responsables con el ambiente o para la expedición de una política de manejo sostenible de los recursos naturales profunda, democrática y actualizada", señala Mitchell en el documento.

Ambientalistas entregan proyecto de ley de moratoria minera

En junio del año 2021, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, entregó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de moratoria minera.

Joana Ábrego, gerente legal del CIAM explicó en su momento, que el proyecto de ley entregado "establece una moratoria por tiempo indefinido a todas las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales metálicos" en el país.

La aprobación del proyecto de ley "es la única forma de que sea efectivo nuestro derecho a la salud, de vivir en un ambiente sano, libre de contaminación", aseguraba la ambientalista.

Enfatizando en el rol fundamental de los diputados: "Es fundamental que los diputados tomen cartas en esta política que impulsa el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) para expandir esta actividad" y se le ponga "un alto".

Tomando en cuenta lo que han hecho otras naciones como, "Costa Rica, El Salvador y tantos otros países, que han dicho 'no' a la minería porque no es compatible con nuestro desarrollo sostenible. Que Panamá también lo diga claro", agregó.

¿Qué implicaciones tendría?

La exprocuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, señala que, “eso nos daría una garantía a quienes están manifestándose por el tema del ambiente y la afectación al ecosistema, sobre todo en el área del corredor biológico mesoamericano, en donde Panamá tiene una riqueza de flora y fauna que es necesaria para nuestra propia supervivencia y protegernos de todo el calentamiento global con sus manifestaciones de cambio climático”.

De acuerdo con Gómez, la declaración de una moratoria es una iniciativa que ya tiene la Asamblea Nacional y que puede realizar de forma indistinta al Órgano Ejecutivo. Agregó que, antes se hablaba de exploración porque no se tenía conocimiento de cuántos yacimientos contaba Panamá ni que tan ricos eran estos y que ahora se sabe que existen yacimientos de minerales metálicos prácticamente desde Bocas del Toro hasta Darién.

Sobre las propuestas para declarar una moratoria minera, Gómez indicó que ya se presentó una iniciativa; sin embargo, solo se prohijó.

“Ya hay una presentada por el Centro de Incidencia Ambiental. Cualquier diputado la puede convertir en un proyecto de Ley viable y sugeriría que por la vía de la Comisión de Ambiente. Es falso que solo la Comisión de Comercio pueda debatir esto. Una Ley debe ser calificada primero”, explicó.

Según Gómez, una de las soluciones es contar con otro fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que incluya los nuevos puntos porque eso protege al país de una demanda internacional.

“Para protegernos, vamos a hacerlo de la mejor manera. Necesitamos que la CSJ se pronuncie de manera oportuna. No solo es lo que va a decir, sino cuándo. No podemos esperar años, no es necesario. Como se han repetido los vicios del 2017, reiterados en 2021, resulta un poco más fácil para la Corte. También habría que ver si la corte considera que los artículos que han sido demandados son realmente los que violan la Constitución”, recomendó la jurista panameña.

Para este viernes, se tiene previsto que un gran movimiento de jóvenes junto a otros miembros de la sociedad civil, realicen una marcha pacífica hacia los predios de la Corte Suprema de Justicia. 

El Gobierno Nacional defiende el proyecto y ha reiterado que el nuevo contrato es mejor que el anterior, ofrece mayores regalías al país y cumple con medidas ambientales.