Proyecto de ley que pretendía elevar el salario del defensor del Pueblo a nivel de magistrado pasa a segundo debate

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto de Ley No. 164, que busca reestructurar la Defensoría del Pueblo, fue modificado en la Comisión de Gobierno tras fuertes críticas por incluir beneficios para el defensor del Pueblo equivalentes a los de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo un aumento salarial.

La propuesta original fue presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, pero fue objeto de debate y rechazo en la Comisión, donde diputados como Roberto Zúñiga y José Pérez Barboni, de la bancada de Vamos y del Movimiento Otro Camino, respectivamente, introdujeron enmiendas para eliminar los privilegios propuestos.

¿Un intento de gol?

"Desde la Comisión de Gobierno logramos detener el aumento salarial del Defensor del Pueblo, priorizando la responsabilidad fiscal y el uso adecuado de los recursos públicos", expresó Zúñiga en su cuenta oficial de X.

En la actualidad, la ley contempla que el defensor del Pueblo recibe un salario de 7 mil, lo que es equivalente al de un ministro de Estado. Este ingreso mensual se divide así: $3,500 salario base y $3,500 por gastos de representación.

Uno de los puntos más polémicos fue el artículo 11, que proponía aumentar esa suma a $10,000 mensuales y otorgar al defensor beneficios similares a los de un magistrado.

"Me encuentro en la Comisión de Gobierno y les comento que el Proyecto 164 de la Defensoría del Pueblo busca privilegios y promueve la falta de méritos. EJ: Artículo 11: Se sube el salario de $7,000 a $10,000 y se igualan los beneficios a los de un magistrado de la Corte Suprema", advirtió el diputado Pérez Barboni.

De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa responde a las observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el cuarto informe periódico de Panamá (abril de 2023), las cuales expresaron su preocupación por el descenso de categoría de la Defensoría del Pueblo a nivel B.

Añade que “el anteproyecto de ley refuerza la independencia y autonomía de la institución, elementos claves para el fortalecimiento del Estado de Derecho, toda vez que, como institución independiente de derechos humanos, contribuye con la vigilancia proactiva y pro positiva para el cabal cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado”.

En la reunión participó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo.

Otros aspectos de la propuesta

La propuesta que estuvo en el ojo de la tormenta, durante el debate de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, también destaca y propone establecer un procedimiento de destitución que garantice la independencia del defensor del Pueblo.

Además, implementar un proceso de nombramiento transparente y participativo, con amplia inclusión de la sociedad civil.

Asegura una asignación estable y suficiente de recursos financieros y humanos, en línea con los Principios de París.

De igual manera, se plantea la incorporación del adjunto de niñez y adolescencia, figura clave para fortalecer la protección de menores en condiciones de vulnerabilidad.

Esta propuesta sustituiría la Ley 7 del 5 de febrero de 1997, que creó la Defensoría del Pueblo.