Proyecto sobre plataformas digitales de transporte a segundo debate en la Asamblea

Ciudad de Panamá/Pese a los cuestionamientos, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley 986, que establece el marco regulatorio para el uso de plataformas tecnológicas de la información y comunicación en el servicio de taxi de lujo, ofrecido por los concesionarios de certificado de operación de las empresas prestatarias del servicio de transporte público de pasajeros.

A juicio del diputado independiente, Juan Diego Vásquez, lo central que no funciona y que el proyecto tiene la capacidad de entrar a ver “es el tema parasitario de concesionarias y prestatarias que, en vez de ser ampliado, debe ser eliminado y redibujado completamente”.

Por su parte, el diputado panameñista, Luis Ernesto Carles, criticó el proceder de algunos diputados de la Comisión de Comunicación y Transporte, “al aprobar este tipo de proyectos sin debate, sin consulta, sin una explicación de fondo… Negarse a servicios que se ofrecen a través de la tecnología es negarse al desarrollo, entonces lo que se está favoreciendo aquí son algunas prestatarias que lo que quieren es seguir negando la oportunidad a que sea el usuario el que elija el buen servicio”.

En tanto, el diputado oficialista, Benicio Robinson, aclaró que no tiene ningún interés de la ley, pese a que tiene concesionarias de taxis.

Yo soy transportista y defiendo a los transportistas. eso por qué lo voy a ocultar... antes de ser diputado soy transportista y soy prestaría del servicio , yo dejé de estar em las concesiones hace muchos años", remarcó-.

Según esta normativa, los taxis podrían prestar el servicio de lujo utilizando las plataformas digitales obligando a los cerca de 8,000 conductores de este servicio a buscar concesionarias para poder seguir brindando el servicio.

Por otra parte, la Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL), lamentó que la Asamblea Nacional, en prejuicio de los usuarios, aprobara en primer debate el proyecto de ley 986.

Raúl Molina, presidente de la ACL insistió en que el proyecto busca que el país retroceda 30 años y que las plataformas digitales dejen de ser un servicio privado para convertirlo en un mal servicio público, que tenía a los usuarios como rehenes hasta que llegaron las plataformas digitales, que ya operan en miles de mercados, como una opción privada y legal a la que tenemos derecho todos los usuarios.

Molina dijo que, esta ley solo tiene un beneficiario: las concesionarias que son las mismas que lucran y tienen secuestrado el servicio de taxi que no se ha modernizado y que ahora quieren hacer lo mismo con las plataformas digitales: meterse para corromper el sistema, llenarse los bolsillos, sin importarle el usuario.

Asimismo, se pronunció la App de movilidad Uber, la empresa establece que la regulación vigente, aprobada en 2017 y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en julio de 2020, es suficiente para operar de manera segura y confiable en beneficio de los usuarios y socios conductores.

 Uber mostró preocupación por los puntos señalados en el proyecto de ley, como la necesidad de obtener una autorización de certificado de operación de parte del regulador del transporte público solicitada a través de una prestataria de transporte selectivo (taxi), restricciones geográficas según la zona que le sea autorizada, eliminación de la libertad de precios y reducción a menos de la mitad la antigüedad de los vehículos.

 Además, a través de varias instancias, organizaciones de consumidores y grupos de socios conductores han manifestado su inconformidad por tener que contar con certificados de operación a través de las prestatarias. "Este requerimiento sin duda incrementará los costos de quienes generan ganancias mediante la plataforma, pues en el mercado se negocian en altos montos", cita un comunicado de la filial.

Con información de Elizabeth González