Advierten que 'contrato entre el Estado y Minera Panamá es peor que el anterior'

Ciudad de Panamá, Panamá/El contrato entre Minera Panamá y el Gobierno Nacional, el cual actualmente se encuentra en un proceso de consulta pública ciudadana, a juicio del abogado Rodrigo Noriega, no está al nivel que debería estar tomando en consideración el tiempo que duró la negociación.

Para Noriega, la expectativa nacional no está tan solo en el pago de los $375 millones “que tiene un gran asterisco”, sino también, la serie de medidas ambientales, institucionales, sociales y económicas y “hay muchas sorpresas en el contrato”.

Y es que, desde la firma según Noriega, que debió ser entre el Estado, representado por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro y First Quantum Mineral, en lugar de Minera Panamá S.A., bajo la firma de Manuel Aizpurúa, representante legal.

“Esto porque si Minera Panamá S.A. no tiene cómo responder por alguna razón algún reclamo del Estado panameño, First Quantum debería ser responsable solidariamente”, explicó.

Además, no se trata de una sola concesión son varias concesiones y desde ahí “comienzan los sin sabores”.

Por ejemplo, en este punto, hay una concesión de cobre a la que se le da 4 áreas distintas de explotación dentro de la concesión. Por ambientalistas, conoció que dentro de este espacio se da una autorización de mina de oro, plata, molibdeno.

Por otro lado, el contrato no dura 20 años, sino que podría ser a perpetuidad, porque se establece una cláusula de extenderse el acuerdo.

Explicó que incluso con las malas condiciones del contrato anterior, Panamá tenía chance de ganar un arbitraje, sin embargo, con las que se adoptaron ahora, es “difícil gane y pueda reclamar algo con la minera”.

Fue más allá al señalar que, incluso de haber soborno pagados por el Ejecutivo a la minera, Panamá tiene que indemnizar a la misma. Estas cláusulas, añade Noriega, son sumamente desfavorables.

Incluso, en la cláusula 12, se le da a la minera un descuento sustancioso del 70% del pago de impuestos por “agotamiento de recursos mineros”.

Además, dentro del contrato hay otra cláusula donde el Estado se obliga a pagarle a sus jubilados, al Seguro Social e invertir en la zona Atlántica y mejorar la formación de los docentes y añade que cuando los fondos sean menores hasta $175 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas reglamentará estos compromisos que salieron de la minera.

Igualmente, alrededor de la mina nadie tendrá seguridad jurídica y es que, según el contrato aquellas propiedades que hayan adquirido título de propiedad del 26 de febrero de 1997, se les examinará la validez del título de propiedad.

“La mina comprará al precio que le de la gana y si la persona no quiere vender el Estado se estará obligado a expropiar”, advirtió.

Adicionalmente, el Estado solo tendrá presencia por medio de 6 funcionarios y no podrá haber sobrevuelos a 3 mil metros de altura.

Para lograr que las personas comprendan lo grave que esto es, el abogado les instó a informarse y participar de las consultas ciudadanas.