Abogado asegura que una forma de rescindir contra minero rápido y fácil es “comprobar el pago de coima”

En busca de una salida a las protestas que se realizan en Panamá desde hace siete días consecutivos, por el rechazo a Ley 406 que permite una concesión minera a cielo abierto de casi 13 mil hectáreas para la explotación de cobre y minerales asociados (plata, oro, molibdeno), se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad en la aprobación del contrato minero.

Será la Corte Suprema de Justicia que decida si el contrato es constitucional o no, durante esta semana, ya admitió dos de las tres demandas pero aún, el fallo que declare o no inconstitucionalidad puede demorar varias semanas.

El abogado Roberto Ruíz, aseguró que antes del 20 de octubre el país tenía el sartén por el mango, en el caso del contrato minero, sin embargo, una vez sancionada la Ley 406, hemos quedado rehenes de un contrato “que es completamente absurdo para el Estado”.

Destacó que no hay cláusulas para negociar el contrato, porque está completamente blindado, y cualquier fórmula que se aplique el Estado debe pagar a excepción de una que tiene que ver con corrupción.

Si se logra probar que alguien de la empresa minera, pagó u ofreció de alguna forma dinero para la aprobación de este contrato, el Estado tiene derecho a rescindir sin pagar indemnización alguna”, explicó.

Sin embargo, para esto hace falta que “algún corrupto patriota alce la mano y diga: yo recibí la plata”.

Mientras tanto, el futuro del mismo sigue en manos de la Corte Suprema de Justicia que podría tardar hasta dos meses en fallar a favor o en contra de lo presentado por los abogados.

El también exdirector de Contrataciones Públicas del Estado, Roberto Ruiz, en el programa Radar, indicó que, a pesar de la premura que solicitan diversas organizaciones y sociedad civil a la Corte Suprema para que emita un fallo de manera expedita, no significa que específicamente será un fallo de inconstitucionalidad, también podría ser un fallo de constitucionalidad. Sin embargo, advirtió que si se daba el caso, las protestas dejarían de ser pacíficas.

Donde ese fallo salga constitucional, esa protestas que está en la calle deja de ser pacífica", advirtió el abogado.

Según el abogado, en el nuevo contrato solo hubo un rejuego de clausulas y es muy similar al contrato de 1997 que fue declarado inconstitucional.

Le estás presentando el mismo contrato del 97, hubo un rejuego nada más de cláusulas y las reacomodaron", enfatizó.

El especialista aseguró que, advirtió a la Asamblea Nacional e hizo recomendaciones que no se tomaron en cuenta y que ahora podrían provocar que el contrato sea declarado inconstitucional.

Temas técnicos legales que no han querido corregir, están produciendo que este contrato se caiga", puntualizó.

Una de los motivos es que, según la ley, se debió haber realizado una contratación pública para conocer si habían otras personas interesadas en el proceso, sin embargo, no sucedió así y se realizó la contratación directa de Minera Panamá para la explotación y exploración de cobre. Tampoco se realizó el proceso legal para la contratación directa de la empresa dedicada a la explotación minera.

Hay un solo procedimiento para contratar directamente, y se tiene autorizar por medio del Consejo de Gabinete a exceptuar al ministro para contratar directamente y no hacer licitación pública, ese procedimiento se lo saltaron", señaló.

Ruiz siguió agregando que, el contrato pudo tener mejores condiciones para el Estado y en lo referente al impacto ambiental, no obstante, aseguró que no hay ningún tipo de minería adecuada.

"Porque no hay minería a cielo abierto Kosher, aquí eso no existe, le puedes poner todo lo que tú quieras y no hay forma", enfatizó.

Para este contrato se acordó una fianza de garantías de $70 millones de dólares, sin embargo, Ruiz asegura que ese dinero no es suficiente para el daño ambiental que hay en este momento.

El abogado señaló que, las decisiones del Ejecutivo son una burla respecto a lo que solicita la población que es, la derogación del contrato.