Piden no omitir propuesta de inhabilitar a empresas corruptas
La exclusión de la iniciativa que pretende la inhabilitación de empresas extranjeras condenadas por corrupción, en proyectos desarrollados en Panamá, deja un mal sabor entre las personas que claman por la transparencia en las contrataciones del Estado.
Este miércoles 27 de abril, el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados (AN) se encontraba paralizado, sin votos ni consenso para aprobar en segundo debate el proyecto de Ley 305 que modifica el texto único de la Ley 22 de 2006 de Contrataciones Públicas.
Según Angélica Maytín, directora nacional de Transparencia y Acceso a la Información esta propuesta estaba en el documento en borrador y no fue incluida en la propuesta final que el Ejecutivo presentó ante la AN, porque “no hubo consenso en el gabinete para que fuera incorporado”.
La zarina Anticorrupción considera que es “fundamental que se inhabiliten a las empresas condenadas por actos de corrupción en diferentes países”.
Esta propuesta tomó fuerza a raíz del escándalo internacional de corrupción en el que se encuentra involucrado el gigante brasileño de la construcción Odebrecht, empresa que desarrolla importantes proyectos en Panamá.
Al parecer se hicieron amplias deliberaciones sobre este aspecto, porque no incluía los años de inhabilitación para una empresa.
El anteproyecto de Ley de Contrataciones Públicas busca adecuar la Ley 22 , para hacer más eficientes los procesos de compras estatales y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado.
Maytín dijo que es importante atraer empresas que tienen buena reputación y no tienen ningún tipo de condena.
Países como Colombia y España hace años incluyeron este tipo de normativas, según la funcionaria.
Recomendó que de no darse esta modificación ni hoy ni mañana, se realice en el próximo periodo.
Dentro de la AN hay una percepción de división entre las bancadas políticas que no se ponen de acuerdo en esta discusión.
Según la opinión de la zarina no hay sentido para que una persona se oponga. “Lo único que se me ocurre pensar es que la empresa que ha sido condenada y tiene negocios en Panamá [Odebrecht] es muy poderosa y tiene personas abogando por ellos”, acotó.
Por su parte, Annette Planells del Movimiento Independiente (Movin) dijo que esta situación tiene mucho que ver con la globalización. “Panamá no es una isla apartada del mundo, somos parte de la comunidad internacional y eso hace que vengan compañías a licitar al país”.
Planells indicó que Panamá no puede “ignorar las prácticas de algunas compañías en otras jurisdicciones y excluir dentro de la ley una herramienta de protección para la nación”.
Considera que en el caso de la AN se han dado dos bandos, donde la bancada Panameñista, “influenciada por el Órgano Ejecutivo” está preocupada porque dicha inhabilitación por condenas internacionales pueda alcanzar a tantas compañías y que esto se convierta en un impedimento para desarrollar proyectos. Situación que a juicio de Planells es “comprensible".
Sin embargo, recordó que “el hecho de ignorar esta herramienta para ese tipo de conductas de empresas internacionales es darle la espalda al problema".
Sugirió que todas las partes se sienten a dialogar para considerar dicha iniciativa para proteger a Panamá de empresas con prácticas corruptas, pero a su vez tome en consideración aquellas que cambien su manera de operar. “No es la intención de ninguna de las organizaciones bloquear la operación del Gobierno, sino proteger el dinero del pueblo. No queremos corruptos locales ni internacionales”, sentenció.