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Procuraduría de la Administración investiga a Porcell por denuncias vinculadas a los 'Varelaleaks'
La Procuraduría de la Administración investiga a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, por dos hechos vinculados a la filtración de las comunicaciones del expresidente de la República, Juan Carlos Varela conocida como “Varelaleaks”.
La semana pasada, el procurador de la Administración, Rigoberto González anunció que un equipo especial analizaba el contenido de esta información y que antes del viernes 15 o más tardar el inicio de esta semana se decidiría si se investigaba a Porcell.
Este lunes 18 de noviembre, trascendió que la primera investigación está vinculada a una denuncia presentada por el abogado Abdiel GonzálezTapia, el pasado 14 de noviembre.
En su denuncia, el jurista habría solicitado la separación de Porcell tras este escándalo.
La otra investigación es de oficio y se habría iniciado tras salir a la luz pública la posible intromisión del Ministerio Público en el citado caso Odebrecht.
En su momento, González dijo que se podrían adoptar medidas cautelares como la separación del cargo.
La filtración de las comunicaciones del expresidente y que fueron colgadas en un sitio web llamado “Vareleaks”, han desatado una serie de opiniones jurídicas sobre la legalidad de las mismas para iniciar un proceso judicial contra las autoridades que son mencionadas.
Porcell, quien anuncio su renuncia en declaraciones a Radio Panamá, destacó que estas filtraciones son ilegales y que deberían ser investigadas, pero que la demanda debía ser presentada por el expresidente Varela para iniciar con las pesquisas correspondientes, ya que es la persona directamente afectada.
La tarde del viernes 15 de noviembre se conoció que la abogada Alfreda Smith, en representación del expresidente de la República Juan Carlos Varela, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Atención Primaria por la filtración de comunicaciones conocidas como los “Varelaleaks”.
La denuncia fue presentada por la violación, alteración y manipulación a la privacidad de las comunicaciones del expresidente, de sus familiares y de todos los ciudadanos que conversaron con él, entre ellos actuales funcionarios, jueces, diputados, periodistas, dirigentes gremiales, sindicales y de la sociedad civil.
