Primera denuncia penal contra el manejo de fondos de la descentralización

Ciudad de Panamá, Panamá/Una denuncia penal fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación (PNG), contra el contralor general de la República, Gerardo Solís; al director de la Autoridad Nacional de la Descentralización (ADN), quien actualmente el encargado es Edward Ibarra y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander; relacionado a presuntas irregularidades en la asignación de $200 millones "descentralizados" para 475 de las 679 juntas comunales del país.

 

La acción legal fue presentada por el abogado y miembro del Movimiento Proyecto 2,000 de Arraiján, Abdiel González y solicita que los funcionarios mencionados sean investigados por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado, abuso de autoridad e infracción de los servidores públicos y por el supuesto delito de asociación ilícita para delinquir. González también dirige la denuncia contra cualquier otra persona o delito en que presuntamente puedan haber incurrido.

La denuncia se basa en publicaciones del diario La Prensa donde señalan que la AND desvió más de $200 millones a juntas comunales donde la mayoría son administradas por representantes pertenecientes al Partido Revolucionario Democrático (PRD).

El denunciante sostiene que según la ley de la ADN, para las transferencias de los dineros de la descentralización, “el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recauda el impuesto de bienes y inmuebles que se destinará a obras y gastos de funcionamiento de los 81 municipios y las 679 juntas comunales, pero transferido a una cuenta del tesoro de las alcaldías, además, en base a un cálculo, el MEF paga a los contratistas los proyectos de inversión que hayan realizado en las comunidades mediante el portal Panamá Compras y, sólo una parte del pastel, los entrega directamente a las juntas comunales y municipios, que deben ser $110 mil, por cada por año para cada junta comunal, suma que podrá ser revisada cada dos años”.

De lo anterior, el abogado González afirma que para el año 2023 los fondos de descentralización para las juntas comunales deberían ser unos $83 millones.

En el documento además se indica que el diputado Crispiano Adames y candidato de las primarias a la presidencia de la República del PRD, el pasado 11 de junio, denunció que “un candidato a través de los fondos de descentralización, con la anuencia del presidente de la República, dirigió recursos a los candidatos a fines a su conducta (…)”, dejando entrever que podría haber una presunta organización política delictiva para socavar la democracia y el estado de derecho.

En el documento se solicita se realice una auditoría forense de los dineros otorgados por la AND y por parte del MEF a las juntas comunales como parte de la descentralización.

Otras acciones

En mayo pasado el abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia ante la Procuraduría de la Administración, la investigación a cargo del procurador Rigoberto González se encuentra pausada ya que, ante la Corte Suprema de Justicia se presentó un amparo de garantías, por las autoridades de la AND.

Cedeño también ha presentado denuncia por el tema de los fondos de descentralización ante la Fiscalía General Electoral por presunta violación al Código Electoral.

El pasado jueves 8 de junio el abogado Cedeño presentó una solicitud a la Contraloría, en el manejo de los fondos públicos por la AND a las juntas comunales en los últimos tres años.