Presidente Varela objeta proyecto que derogaba contrato entre el Estado y PSA

El presidente de la República, Juan Carlos Varela, objetó por "inconveniente e inexequible" el proyecto de Ley 53, que adopta medidas relativas al proceso de apertura de empresas según el uso de suelo o zonificación y dicta otras disposiciones.

El artículo 6 del proyecto derogaba la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, que aprobaba el contrato suscrito entre el Estado y PSA Panamá Internacional Terminal, S.A, para la construcción y operación de una terminal de contenedores en Rodman.

Varela objetó por “inexequible” el artículo 6 de dicho documento y apunta que el artículo 276 de la Constitución Política prohíbe al Órgano Legislativo a expedir leyes que deroguen o modifiquen ingresos contemplados en el Presupuesto de la Nación “sin que se reemplace a través de rentas que los sustituyan o aumenten las existentes”.

El punto fue añadido a solicitud del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ayala, del circuito 8-5, en segundo debate. El parlamentario se defendió y justificó el "camarón legislativo", al considerar que desde el inicio de la concesión a PSA, el contrato estuvo "plagado de irregularidades".

Según una nota de prensa de la Secretaría de Comunicación del Estado, con el proyecto en Rodman se recaudará en impuesto unos $350 millones, más $27 millones en concepto de tarifa, derecho de uso y muellaje.

El Gobierno resalta en el comunicado que la obra “genera empleo, recursos financieros y tributarios contemplados e integrados en el Presupuesto General del Estado”.

Asimismo, cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, "que trata de materia totalmente ajena al proyecto original que se discute por exigencia constitucional, esa materia extraña ha debido recibir el primer debate legislativo para ser Ley de la República".

"El veto presidencial contiene otras consideraciones que son planteadas en una carta a la presidencia de la Asamblea Nacional", informan en la nota.

El proyecto de Ley 53 fue aprobado el 20 de abril en el Legislativo, sin que los diputados se dieran cuenta del polémico artículo.