Presidente sanciona ley que da pensión a afectados con dietilenglicol

Presidente sanciona ley que da pensión a afectados con dietilenglicol
Presidente sanciona ley que da pensión a afectados con dietilenglicol
Jorge Gutiérrez Sanjur
07 de abril 2015 - 18:40

El presidente Juan Carlos Varela sancionó la tarde de este martes 7 de abril la ley 12, que modifica a las leyes 13 y 20 de 2013 relativas a la intoxicación masiva con dietilenglicol.

Entre los cambios que establece esta nueva ley está el que modifica el artículo 8 de la ley 20, que establece el pago de la pensión vitalicia de carácter especial. Se señala que estos pagos se harán de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2013 “a favor de las víctimas afectadas a su salud por dietilenglicol” que hayan sido reconocidas. La pensión es de 600 dólares.

Hay otros cambios que establece esta ley, como el establecimiento en la Caja de Seguro Social (CSS) de un Centro Especial de Atención Integral a las víctimas por intoxicación del dietilenglicol, “y cualesquiera otros tóxicos”.

Se establece que cada año por 5 años las personas que soliciten ser acreditadas como afectadas por el jarabe envenenado pero no cumplan con al menos una de las condiciones establecidas por la Comisión Interinstitucional para determinar su condición de víctimas serán reevaluadas. Para acreditarse como víctima, las personas deberán cumplir al menos uno de esos criterios.

La regulación concede a quien esté afectado una licencia remunerada de hasta 154 horas anuales en sus lugares de trabajo por cada afectado para asistir a las citas médicas y demás compromisos derivados de su condición.

También se constituye una Comisión de Seguimiento para la atención de las víctimas, adscrita al Ministerio de Salud (Minsa) y que estará conformada por representantes de ese ministerio, de la CSS, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de la Presidencia, Defensoría del Pueblo, el Presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional de Diputados, y de cada una de las organizaciones de víctimas o afectados por el dietilenglicol con personería jurídica, elegidos en sus agrupaciones por todos sus miembros y supervisados por la Defensoría del Pueblo.

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