Presidente Mulino a la espera de recibir el proyecto de ley sobre ciberdelincuencia para analizar su veto o sanción

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció sobre la ley aprobada en la Asamblea Nacional que busca castigar el mal uso de la tecnología y la violencia sexual digital y que espera el veto o sanción del mandatario.

Se trata del proyecto de Ley 61, “modifica y adiciona artículos al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley 11 de 2015, sobre asistencia jurídica internacional en materia penal, y dicta otras disposiciones respecto a medidas contra la ciberdelincuencia".

En ese sentido, Mulino señaló que espera a que el documento llegue a la Presidencia para analizarlo junto a los abogados y verificar si cumple o no con los requisitos legales y constitucionales para su sanción.

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El Presidente destacó que los fiscales tienen toda la potestad de ejercer los allanamientos y acciones confiscatorias para la investigación penal, y están sometidos a audiencias de control con respecto a las peticiones que puedan tener quienes están involucrados en investigaciones.

Reconoció que los ciberdelitos en el país van en aumento, recordando que él fue víctima de suplantación de identidad, caso por el que hay dos personas detenidas. Además, recalcó que hay personas que se han visto afectadas mayormente por estafa.

Es un mundo tecnológico, cambiante. Todos los días inventan un cuento nuevo; hay gente dedicada a delinquir con esas maquinitas, tratando de ver qué hacen”, expresó.

Mulino señaló que no conoce el contenido del proyecto, por lo que está a la espera del mismo para analizarlo y ver qué sucede.

Qué dice la nueva ley

La nueva normativa, conocida como Ley Olimpia, fue aprobada el 9 de octubre de 2024. Penaliza conductas como la sextorsión (extorsión a través de medios digitales), el grooming (cuando un adulto se hace pasar por un menor en redes sociales), la suplantación de identidad para cometer estafa u otros delitos, y la difusión no consentida de material íntimo.

Además, busca alinearse al Convenio de Budapest, facilitando la cooperación judicial internacional para perseguir delitos cibernéticos que no conocen fronteras.

Asimismo, incorporan nuevas herramientas procesales para que los fiscales puedan obtener evidencias digitales de manera más eficiente.