Presidente de la Asamblea cuestiona a la Corte Suprema y la Ley de Extinción de Dominio

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, en su discurso durante la instalación de un nuevo periodo legislativo, este 2 de enero, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, por tardar cinco años en publicar en Gaceta Oficial, el fallo que declaraba la inconstitucionalidad del contrato con Minera Panamá.

"Si no es por la reacción del procurador de la Administración, Rigoberto González, de manera nacionalista y puntual, no sé si eso se hubiese alcanzado", dijo. Continuó preguntando…” ¿No atenta esto contra la seguridad del Estado?”.

Destacó que aunado a la inexplicable tardanza en la publicación de este fallo, está el desconocimiento de la sociedad panameña, incluso del Órgano Legislativo, sobre el contenido de las negociaciones del contrato con la minera y el borrador del contrato de negociación entre esta minera y el Estado, generando incertidumbre.

"Requerimos la información fiable, porque todos los recursos naturales que ahí existen en esos yacimientos, sea oro, cobre, que no han consignado; plata o manganeso, les pertenece a todos los panameños", recalcó.

Recalcó la irresponsabilidad de varios gobiernos, incluyendo el que aprobó el contrato original, desconociendo que había cobre, sometiendo al país a una situación de decisiones complejas y difíciles que sugieren soluciones con luces largas.

"Panamá es un país con un potencial minero significativo, que contrasta con su potencial natural no explotado a plenitud, lo que implicaría decisiones equilibradas en materia de desarrollo, es decir, la estabilidad ambiental vs. su potencial ambiental; segundo, es que somos un país de economía de libre mercado que necesita de inversión extranjera para crecer a tasas aceptables y garantizar el empleo de su población, en tercer lugar es una sociedad marcadamente desigual, social y económicamente, mayor debilidad y reto de desarrollo y los recursos que tiene deben ser explotados en un marco de procesos justos y atendiendo a los mejores intereses posibles de todos los panameños", enfatizó.

Ley de Extinción de Dominio

El diputado también hizo referencia a la discusión de la Ley de Extinción de Dominio, de la que dijo no estar en contra de desarrollar una materia que vaya directamente contra de varios principios, primero el terrorismo, segundo lo señalado en comisión, contra los delitos relacionados al tráfico internacional de armas y trata de blancas.

"El que la debe y la teme tiene que saber que el narcotráfico no está solamente en la política, está en todos los parámetros de la vida nacional. Esta disposición no ha pasado porque le tememos, pero tiene que ir con el debido consenso de la sociedad panameña", resaltó.

Reconoció los esfuerzos de otros países y las recomendaciones, "pero la aspirina que tiene que tomar este país, la tiene que tomar con sus manos y sabiendo qué tipo de aspirina es".

Destacó que en los países donde esta ley existe, hay tutela de los derechos y garantías fundamentales y hay un tribunal que va en defensa de las personas cuando se les viola el debido proceso y "aquí no hay eso".

Recalcó que el proyecto tiene múltiples falencias, que han sido determinadas por técnicos panameños.

Autocrítica a gestión legislativa

Por otro lado, como tarea autocrítica, destacó que, como Órgano Legislativo, le debe a la sociedad la discusión y modificación del reglamento orgánico del régimen interno para adecuar la actividad que realizan a la política real.

Resaltó que hoy en día existen partidos políticos débiles y alternativas democráticas pobres; tampoco han sido capaces como Órgano Legislativo, dijo el diputado, de abordar y forzar la discusión del problema de la seguridad social con respecto al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social, que es una “deuda a saldar para las presentes y futuras generaciones”.

Creación de Leyes

Adames resaltó que, durante seis meses se aprobaron leyes tanto de carácter social, como económicas y administrativas judiciales, teniendo como resultado 74 proyectos de los cuáles 61% fueron de carácter social, 19 económicos y 20% administrativos judiciales.

Entre ellos destacó, la Ley 346 que establece la gratuidad en los servicios de atención integral de salud para las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; la Ley 321 por la cual se aprueba el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, la Ley 329 que establece la obligatoriedad de la realización de tamizaje neonatal y dicta otras disposiciones.

Igualmente, 712 que desarrolla el derecho humano a la salud mental y garantiza su cobertura nacional, el proyecto 855 que establece la política agroalimentaria del Estado y dicta otras disposiciones, entre otros.

El diputado manifestó que debatirán la ley de medicamentos que está avanzada en al comisión de salud y se establecerá en consenso que no puedan existir condiciones de inequidad en el acceso a medicamentos cuando "solamente hay que viajar menos de una hora para accesar a medicamentos que aquí tienen costos inigualables, escuchando para ello, a la empresa privada", enfatizó.

Señaló que, "sin conducción acertada zozobramos, sin autocrítica nos ahogamos y sin una práctica relacionada con una estrategia vinculada al pueblo no podemos llegar a puerto seguro, ni tampoco pensando, que somos plus ultra y que podemos ir solos".