Presidencia presiona a la Asamblea por reformas a ley de Contrataciones Públicas

El Ejecutivo y el Tribunal de Contrataciones Públicas urgieron a la Asamblea Nacional a definir el futuro de la reforma a la Ley 22 de Contrataciones Públicas, engavetada en el legislativo desde junio de 2016.

“Ahora, corresponde a la Asamblea Nacional tomar una decisión al respecto, ya sea acogiendo todas las recomendaciones del Ejecutivo, insistiendo en la versión original del proyecto aprobado por el Pleno o que insistan en algunos temas y acojan cambios de los propuestos por el Presidente”, sostuvo la Presidencia en un comunicado emitido este sábado.

El viernes, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, el viceministro Salvador Sánchez; los magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas, Diógenes de la Rosa Cisneros y Elías Solís, y el director de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro se reunieron para abordar el tema.

El año pasado, el presidente Juan Carlos Varela objetó por “inconvenientes” los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 de la Ley 305 que reforma la Ley 22 de 2006.

Estas fueron las objeciones del Gobierno:

• Artículo 1: no contiene las disposiciones inicialmente propuestas en lo referente a la adquisición de bienes, servicios y obras, en especial, del sector de la salud pública, ni las introducidas en el primer debate en la Asamblea.
• Artículo 24: en cuanto a los plazos de la publicación de la convocatoria para la adquisición de bienes, servicios y obras, la administración Varela cree que se debe lograr la más amplia cantidad de suplidores y los mejores precios para el Estado.
• Artículos 33 y 35: para el Gobierno es necesario un nuevo análisis de los artículos 33 y 35 del proyecto sobre la licitación por mejor valor y la licitación por mejor valor con evaluación separada, respectivamente.
• Artículo 36: según el Ejecutivo, debe incluir la propuesta introducida en primer debate por parte de la Asamblea, relacionada “con la facultad que se le atribuye a la Dirección General de Contrataciones Públicas de poder delegar en las instituciones de salud la celebración de la licitación para convenio marco y la firma del convenio respectivo, para la adquisición de medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos para la salud humana”.
• Artículo 50: sobre los procedimientos especiales de contratación, el Gobierno considera necesario que se vuelva a adoptar la sugerencia de la Asamblea Nacional de procedimientos especiales cuando se deban adquirir medicamentos, insumos, equipos médicos y otros productos de la salud humana, hasta por $500 mil, en caso de urgencia o desabastecimiento.
• Artículos 66 y 77: en cuanto a la constitución de las fianzas y el plazo de 30 días para que una institución fiadora decida si paga o sustituye al contratista en caso de incumplimiento, Presidencia los consideró inconvenientes.