Presentan otra iniciativa para excluir a agresores sexuales de acuerdos de pena

La Defensoría del Pueblo presentó ante la Asamblea Nacional una iniciativa para adicionar a la Ley 63 del 28 de agosto de 2008, para lograr la imposibilidad de llegar a acuerdos de pena con las personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA).

La propuesta presentada por el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, ante el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, está argumentada en una exposición de motivos basada en un estudio realizado en el año 2020, por las Naciones Unidas denominado Informe de Estado Global sobre la prevención de la violencia contra los niños, el cual reveló que al menos 120 millones de niñas en el mundo han tenido algún tipo contacto sexual contra su voluntad antes de los 20 años.

Lo anterior es reforzado por la realidad en Panamá, sustentada por las estadísticas del Ministerio Público que reportan un promedio anual de alrededor de 300 casos de delito de violación doblemente agravada, en los cuales la mayoría de las víctimas son niñas entre 7 y 10 años de edad.

En el 2021 se denunciaron ante el Sistema Penal Acusatorio (SPA) 3,379 delitos contra la libertad e integridad sexual y en lo que va del 2022 se han registrado 3,758 denuncias.

La Defensoría del Pueblo considerando que la violencia sexual contra los infantes es una grave violación a sus derechos tal como lo enfatiza el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) busca, imposibilitar que el agresor sexual tenga acceso a ser favorecido con medidas de casa por cárcel, trabajo comunitario e inclusive comparecencia periódica ante el Tribunal, tal cual lo permite el Código Procesal Penal.

Otras iniciativas

El pasado mes de agosto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, prohijó el anteproyecto de Ley No. 77, que modifica el artículo 220 del Código Penal, que también tiene un propósito similar: excluir la posibilidad de llegar a acuerdos de pena con imputados por delitos contra la libertad e integridad sexual.

La iniciativa fue presentada por un grupo de abogados y de la sociedad civil.

La Comisión de Gobierno tiene otras iniciativas relacionadas a este artículo, según dijo la diputada Corina Cano.