Presentan demanda de inconstitucionalidad contra recién sancionada Ley de la Contraloría

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado Ernesto Cedeño, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de la Contraloría General de la República, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La acción legal es en contra de varios artículos de la Ley 351 de 22 de diciembre de 2022, que modifica y adiciona artículos a la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría General de la República y modifica la Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de Cuentas.

En tanto, pide que se declare inconstitucional el Artículo 22 que adiciona el numeral 16 al Artículo 11 de la Ley 32 de 1984, el Artículo 31 únicamente el segundo párrafo que modifica el literal f, al Artículo 55 de la Ley 32 de 1984 y el Artículo 46 que adiciona el párrafo tercero al Artículo 2 de la Ley 67 de 2008. 

La ley recibió ayer la sanción por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, pese a varias voces en contra de la misma.

Esta ley crea una carrera para los funcionarios de la entidad, el cierre de informes de auditorías e investigaciones a discreción del contralor y además, se exonera a todos los funcionarios de una investigación penal de un acto que se originó, independientemente si la institución lo refrendó o no.

Ya los magistrados del Tribunal de Cuentas habían advertido que favorecería el clima de corrupción, pero el Ejecutivo no lo tomó en cuenta.

Cedeño dijo que la Contraloría siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien, sin embargo, considera que lo que está en esa norma “debilita el control adecuado de los fondos públicos”.

Instó a la CSJ que juegue su papel y diga que esos dos puntos son inconstitucionales.

Agregó que la Contraloría contó con el apoyo de la Asamblea Nacional y el beneplácito del presidente de la República.

“Flaco favor se le hace a la institucionalidad de la Contraloría General de la República, que no merece estos puntos, que se trate de debilitar el buen control de los manejos del Estado”, sostuvo.

Dijo que pulula el clientelismo, por lo que se requiere de contralores y funcionarios adecuados y con transparencia.

En un comunicado, la Contraloría defendió dicha ley, alegando que garantiza la independencia de criterios de los fiscalizadores, auditores y funcionarios que participan en el control previo y posterior.