Órgano Ejecutivo propone una nueva ley sobre los traslados de partidas. ¿Pasará en la Asamblea Nacional?

Panamá/En los próximos días llegará a la Asamblea Nacional el polémico proyecto impulsado por el Ejecutivo para aumentar el monto de los traslados de partida de diversas instituciones y restablecer al Ministerio de la Presidencia la autorización de los viáticos de funcionarios al exterior del país.

La propuesta del Ejecutivo, avalada el martes 16 de julio por el consejo de gabinete, modifica artículos de la Ley 418 del 29 de diciembre de 2023 (Gaceta Oficial 29940-B), que dicta el Presupuesto General del Estado para la Vigencia Fiscal 2024.

Además de restablecer los viáticos al exterior del país, esta iniciativa permite al Ejecutivo manejar los traslados de partidas hasta un monto de $5 millones en situaciones normales, y hasta $10 millones en emergencias nacionales declaradas por el Consejo de Gabinete, sin que medie la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

¿Qué propone la iniciativa sobre los traslados que soliciten las instituciones?

• Hasta 200 mil dólares podrán, previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, ser tramitados, realizados y autorizados por estas y remitidos dentro de los primeros 20 días de cada mes, para su información a la Comisión de Presupuesto y al Ministerio de Economía y Finanzas.
• De 200 mil dólares hasta 5 millones de dólares serán evaluados, tramitados y autorizados por el MEF y remitidos, dentro de los primeros 20 días de cada mes, para su información a la Comisión de Presupuesto.
• En los casos de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete, se facultará al Ejecutivo, a través del MEF, para hacer los traslados de partidas por un monto de 10 millones de dólares.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, defiende la propuesta argumentando que no renunciará a la facultad del Ejecutivo de controlar el presupuesto nacional de manera responsable.

Es "una potestad que el Ejecutivo fue perdiendo gradualmente en el tiempo, hasta el año pasado, cuando el manejo de los traslados de partidas quedó en manos de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional al 100%”, señala la nota que hizo pública la Presidencia, tras el consejo de gabinete.

Esta postura ha generado opiniones divididas, con algunos críticos que argumentan que la iniciativa podría entrometerse en los asuntos del Legislativo, mientras que otros la apoyan por considerar que reducirá el poder de la Asamblea. También hay quienes critican el intento de aumentar los montos de las partidas que no estarán sujetas a fiscalización.

¿Se trastoca la institucionalidad?

Desde estas perspectivas, el analista y sociólogo, José Lasso planteó que el impulso detrás de esta iniciativa del mandatario posiblemente surge por el temor a lo ocurrido en administraciones anteriores, donde la Comisión de Presupuesto ejercía presiones sobre ministros, directores de instituciones autónomas y rectores universitarios en base a los presupuestos con traslados de partida.

“Está buscando una alternativa que le permita tener mayor autonomía en el manejo de fondos para llevar adelante sus programas y proyectos”, enfatizó Lasso.

Pero, ¿hasta qué punto esto puede afectar la institucionalidad o la división de poderes entre los órganos? Es precisamente aquí donde radica la preocupación, según Lasso.

Esta concentración de poder para la administración puede otorgarle al presidencialismo un poder adicional. Al final, el equilibrio es necesario para garantizar una administración transparente y cooperativa”.

Dejó claro que, aunque Mulino pueda considerar que "esta medida hará más eficiente la ejecución de planes, programas y proyectos, al final trastoca la necesaria institucionalidad del Estado en términos de salud institucional".

Para la exdiputada Ana Matilde Gómez, “hay una línea delgada” entre reducir el excesivo poder de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea y la intención del Ejecutivo de trabajar con menos fiscalización.

"Hasta el más honesto sin controles peca. Yo no creo que haya que llevarse a los extremos de aumentarse el monto”, pero sí considera Gómez, que no se debe llevar todo a la Asamblea “cuando se trata de cosas que tengan que ver con otro tipo de fiscalización".

No hay razón para que el monto sea tan alto como para evitar el control de la Asamblea, que actúa como un contrapeso y balance, señalando la necesidad de mejorar la supervisión por parte de los diputados”, expresó Gómez.

Están divididos

Los actuales diputados ya han expresado su opinión. Tienen opiniones encontradas y dudas sobre lo aprobado por el Consejo de Gabinete, pero esperarán a que llegue la propuesta a la Asamblea para decidir en consenso entre todas las bancadas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado Ernesto Cedeño, del partido Movimiento Otro Camino, quien planteó que, aunque la propuesta busca corregir el mecanismo "chantajista" de la Comisión de Presupuesto de la administración anterior (2019-2024), es importante no caer en un punto de excesivo descontrol del gasto público con traslados millonarios no justificados.

Osman Gómez, de la bancada mixta, considera que "si como diputados no vamos a cumplir con la Constitución, es mejor que dejemos esa función y nos retiremos a casa".

Mientras tanto, Alaín Cedeño, jefe de la bancada de gobierno, Realizando Metas, indicó que el tema debe discutirse en la bancada y que le gustaría revisar la normativa anterior a la modificación realizada por la Comisión de Presupuesto en el quinquenio pasado.

"Me gustaría volver a revisar la ley que estaba en vigor antes de los cambios realizados por el PRD para entender históricamente los montos que se manejaban", dijo.

El control presupuestario: un deseo latente de los diputados

A finales de 2023, en pleno año electoral, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, entonces liderada por el perredista Benicio Robinson, introdujo cambios en el artículo 325 de la ley, referente a los traslados de partidas para aprobar o rechazar los traslados de "cualquier monto". Antes, la Comisión solo revisaba traslados desde $200,000 en adelante.

Fue la primera vez que la Comisión bajo el mando de Robinson logró intervenir de alguna manera en el presupuesto general del Estado.

En 2019, durante la discusión sobre una reforma constitucional, Robinson y algunos diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) presentaron una propuesta para modificar el artículo 271 de la Constitución, que limita la capacidad de aumentar las asignaciones previstas en el presupuesto general del Estado. Las reformas constitucionales propuestas en el quinquenio de Laurentino Cortizo no prosperaron en el Legislativo.

¿Persistirán las tensiones entre la Asamblea y el Ejecutivo?

Es un secreto a voces en la dinámica legislativa que existe la posibilidad de chantaje y presión por parte de los diputados de la Comisión de Presupuesto, una de las comisiones más relevantes y disputadas entre los diputados.

En su momento, el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, después de su periodo al frente de la vía interoceánica, confesó en un canal de televisión local en mayo de 2022 que, en 2017, los diputados de la Comisión de Presupuesto lo retuvieron y le confiscaron el celular. "Querían aumentar el presupuesto de aportes del Canal al Estado de $1,640 millones a $1,800 millones", además de solicitar plazas de trabajo y aumentos específicos para empleados afiliados a sus grupos.

Durante el quinquenio pasado en la Asamblea saliente, la práctica de presionar al Ejecutivo quedó evidenciada, tras la confesión del exviceministro de Comercio e Industria Omar Montilla, quien, en mayo pasado, en declaraciones al programa Radar de TVN, acusó a la bancada oficialista PRD de "arrodillar ministros", condicionando la aprobación de cualquier proyecto del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. "Actuaban como una oposición al gobierno, sometiendo a ministros, viceministros y directores", aseguró.

Por ahora, Mulino contaría con los votos para aprobar su propuesta en la Asamblea Nacional, pues es la bancada de gobierno de Realizando Metas (RM) quien controla por ahora este ente. Además, RM intentará quedarse con las directivas de las comisiones de mayor peso legislativo, incluyendo Presupuesto. En esta instancia suena el nombre del diputado Sergio Chello Gálvez para dirigirla.

En agosto próximo, dicha Comisión deberá arrancar el debate de las vistas presupuestarias, de cara a la aprobación del presupuesto del país. El Ministerio de Economía y Finanzas ya inició este proceso escuchando las necesidades presupuestarias de algunas entidades.

Lo que dice la propuesta para el pago de viáticos

Se reformaría el artículo 297 de la Ley 418, referente a los viáticos fuera del país, el cual se requerirá de la autorización del viaje por parte del Ministerio de la Presidencia con no menos de 15 días de antelación a la fecha de la partida, con una serie de justificaciones como objeto del viaje, resultados esperados, costo del viaje desglosado en transporte y viáticos del funcionario, entre otros requisitos”.

• En el caso de ministros, diputados, procuradores, magistrados, contralor, rectores y vicerrectores de universidades, Defensor del Pueblo, superintendentes, miembros de juntas directivas de entidades estatales, expresidentes y exvicepresidentes, la modificación establece una tabla diaria por regiones en el mundo. Por ejemplo, recibirán viáticos de 600 dólares para Europa, África, y Oceanía; 500 dólares para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile; y 400 dólares para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina.

En la actualidad, la ley establece que este grupo de funcionarios no recibe viáticos.

• Para otros funcionarios, como directores y subdirectores nacionales, dependencias y resto de los funcionarios, la tabla diaria de los viáticos, de acuerdo al proyecto, se establecerá en: 500 dólares para Europa, Asia y Oceanía; 400 dólares para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, y Chile, y 300 dólares para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina.
• En este caso, la tabla indica que para Europa, Asia, África y Oceanía son 400 dólares; para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil y Chile son 300 dólares; y para México, Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina son 250 dólares diarios.