Procuraduría de la Administración se pronuncia sobre campañas cívicas electorales
La Procuraduría de la Administración envió una nota al magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Heriberto Araúz, donde emitió algunas reflexiones sobre las campañas cívicas electorales, donde considera cónsona la posición de la entidad rectora de los próximos comicios generales.
La Procuraduría se refirió a las consideraciones emitidas por el TE en el pronunciamiento del pasado 28 de agosto, a raíz del debate generado por campañas como “No a la reelección”.
La entidad considera "cónsono con la Constitución' los señalamientos del TE donde se deja plasmado que “el ejercicio del derecho constitucional de la libertad de expresión conlleva que toda persona puede hacer campaña cívica de materia electoral en cualquier medio de difusión, incluyendo redes sociales”.
La Procuraduría adiciona a la postura del TE que “el derecho de la libertad de pensamiento y de expresión, es un derecho con connotaciones de derecho humano”, añadiendo que esto se rencuentra reconocido por la Declaración Universal y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Entre otros argumentos expresados por la Procuraduría de la Administración están pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Sin la efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismo de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”
La Procuraduría señala que “el margen de aceptación y tolerancia a las críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los políticos e inclusive de los particulares que desarrollen actividades sometidas a escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares”.
La Procuraduría de la Administración también invitó a todos los funcionarios que tengan presente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en toda actividad, para no exponer al Estado panameño ante responsabilidades internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
La nota enviada al TE lleva la firma del procurador de la Administración, Rigoberto González.