Panameños opinan que Martinelli es el principal responsable de los casos de corrupción
Si los panameños fueran un tribunal de justicia, el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) sería declarado culpable por los casos de corrupción y abusos de poder denunciados recientemente e investigados por el Ministerio Público (MP).
Al menos eso es lo que indican los resultados de la más reciente encuesta de Dichter & Neira, aplicada en Panamá por encargo de TVN Noticias.
Según la encuesta, el 79% de los panameños considera que Martinelli –quien ha sido mencionado por las víctimascomo la “mente maestra” detrás de los pinchazos telefónicos y de las irregularidades en el uso de fondos públicos durante su gestión– es el “principal responsable por las denuncias recientes de los actos de corrupción y abuso de poder”.
La mayoría de los hombres consultados (82%) considera que el exmandatario sí es responsable por estas denuncias, frente al 14% que opina que no lo es. El restante 4% no respondió.
De igual forma, la mayoría de las mujeres consultadas (75%) piensa que Martinelli es el principal responsable de los casos de corrupción recientemente denunciados y que han estado en la palestra pública. El 18% piensa que no lo es, y el 7% no contestó.
La encuesta de opinión pública, que se realizó del 16 al 18 de enero de 2015, es la primera en publicarse este año. Tuvo una cobertura nacional, en áreas urbanas y rurales, excepto Darién y las comarcas, y un margen de error de +/-2.9%.
CASOS RECIENTES
En efecto, Martinelli ha sido mencionado en distintas ocasiones en los casos de corrupción en los que están señalados exfuncionarios del pasado gobierno.
A la fecha, el MP mantiene bajo investigación a cinco exfuncionarios de alta jerarquía del gobierno de Martinelli. Además, le ha formulado cargos a cuatro de ellos y le ha impuesto medidas cautelares. Aquí un breve recuento.
>> Giacomo Tamburrelli. Exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), se le investiga por el presunto delito contra la administración pública. La investigación guarda relación con un contrato por $45 millones para el Programa de Comida Deshidratada dirigido a niños de escuelas primarias oficiales, que autorizó Tamburelli durante su administración en el PAN entre julio de 2009 y agosto de 2012.
Tamburelli, cercano colaborador del expresidente Martinelli, y secretario general del partido Cambio Democrático (CD) hasta 2013, señaló a TVN Noticias en diciembre pasado que el Martinelli lo amenazó y que ha tratado de “pagar” su silencio. Tamburrelli tiene medida cautelar de casa por cárcel y tiene pendiente la amplicación de su indagatoria.
>> Rafael Guardia Jaén. Es otro de los exfuncionarios, quien fue el máximo jefe del PAN entre agosto de 2012 y junio de 2014. Fue trasladado a La Gran Joya, como parte de la investigación que se le sigue por la supuesta comisión de delitos de peculado y corrupción contra la administración pública.
>> Guillermo Ferrufino. Al exministro de Desarrollo Social se le sigue una investigación por supuesto enriquecimiento injustificado. De hecho, se ordenó la aprehensión de bienes, ya que se están investigando varias propiedades y cuentas bancarias del exministro.
La Fiscalía Primera Anticorrupción todavía no ha formulado cargos contra el exministro Ferrufino, por lo que aún no se ha ordenado su declaración indagatoria y en todo caso su conducción.
>> Gustavo Pérez y Alejandro Garúz. Los exsecretarios del Consejo de Seguridad fueron detenidos en la cárcel La Gran Joya. Ambos son investigados por el supuesto delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, por casos de interceptaciones ilegales a las comunicaciones privadas de ciudadanos en Panamá.
Pérez, además, es investigado por la posesión ilícita de armas, luego de que durante un allanamiento que se hizo en la madrugada del pasado lunes, 12 de enero, en su residencia se encontraron armas de guerra.
>> Lucy Molinar. La exministra de Educación es investigada por la presunta comisión de los delitos de peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas, relacionada a supuestos sobrecostos en la compra de 600 mil mochilas escolares a un costo de $12 millones. Molinar tiene como medida cautelar impedimento de salida del país.