Panamá-Colombia: Los sinsabores de las declaraciones de la discordia
Como un “insulto” calificó la Cancillería colombiana las polémicas declaraciones de la diputada panameña Zulay Rodríguez (Partido Revolucionario Democrático), al referirse a los colombianos que han delinquido como la “escoria” social que llega al país canalero.
Los señalamientos de Rodríguez, hechos al calor de un debate parlamentario sobre el proyecto de Ley 62 de reforma migratoria, cobraron relevancia en Bogotá este martes 24 de febrero de 2015, cuando la canciller colombiana María Ángela Holguín, anunció que enviaría una nota de protesta al gobierno de Panamá.
MOLESTIAS Y DISCULPAS
"Estamos enviando una nota al Gobierno panameño de rechazo por esas declaraciones discriminatorias", dijo Holguín a la prensa colombiana.
"Expresamos nuestro rechazo y no vamos a dejar que insulten a los colombianos", añadió la canciller del vecino país.
Tras conocerse la posición del gobierno colombiano, la noticia corrió como pólvora. La diputada salió al paso de los señalamientos en su contra y hasta pidió disculpas públicas: “Pido disculpas a los más de 40 millones de colombianos, personas muy buenas”, reiteró Rodríguez a distintos medios de comunicación colombianos que la contactaron vía telefónica para conocer su posición.
En Bogotá, en tanto, la embajadora panameña María Astrid Villa-Real excusó a la diputada y señaló a Noticias Caracol que la opinión de Rodríguez no representa la posición del gobierno de Panamá.
A pesar de las disculpas y de los pronunciamientos públicos, las reacciones en redes sociales –tanto en Panamá como en Colombia– continuaron este miércoles, 25 de febrero de 2015.
Incluso, en declaraciones a TVN Noticias, Rodríguez dijo: “¿Qué más puedo hacer, pedí disculpas… ¿lapidarme?… Tírenme piedras”.
RELACIONES TROPEZADAS
En menos de seis meses, las relaciones entre Panamá y Colombia han tenido tropiezos. De hecho, el pasado mes de octubre ambos países tuvieron un impasse debido a que el gobierno colombiano incluyó a Panamá en una lista gris.
En ese momento, Panamá dio un ultimátum a su vecina al advertirle que, si en una semana no la sacaba de la lista de “paraísos fiscales”, entonces le aplicaría medidas de retorsión. Finalmente, ambos países llegaron a acuerdos y quedaron en resolver el tema en un plazo de un año para completar el proceso de negociaciones de un tratado que evite la doble tributación fiscal, además de acuerdos para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.