En caso Moncada Luna se demostró que hay certeza del castigo, dice fiscal

Alejandro Moncada Luna pasó a la historia judicial de Panamá como el primer magistrado que pierde su cargo en la Corte Suprema de Justicia, tras ser procesado a través del Sistema Penal Acusatorio y admitir su culpabilidad de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica en documento público.

Tras su confesión, el exmagistrado deberá pagar una condena de al menos 60 meses de prisión (cinco años), tomando en cuenta el acuerdo al que llegó con el fiscal de la causa, Pedro Miguel González.

Además, queda inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo y se le decomisarán los lujosos apartamentos en el PH Ocean Sky y en el PH Santorini.

El diputado fiscal se mostró satisfecho con el resultado del caso y afirmó que “marca una pauta” porque se demostró que “hay certeza del castigo”.

“Nuestra investigación culminó exitosamente” y se transmitió un mensaje claro a la sociedad panameña: “el sistema puede sancionar por muy importante que sea el cargo” del acusado, afirmó el fiscal González en una entrevista con TVN Noticias transmitida este lunes 23 de febrero de 2015.

González, quien asumió como fiscal del caso luego de que la Asamblea Nacional admitiera –en octubre de 2014– la denuncia interpuesta contra Moncada Luna, aseguró que en este proceso no se violaron los derechos del imputado.

Y aunque aún falta que las juezas de garantías (Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez y Katleen Levy) definan la sentencia que pagará el exmagistrado, llegar hasta este punto “ha sido positivo”, añadió González.

EL ACUERDO

Para González “es mejor acuerdo en mano, que sentencia en el aire”. De esta forma, el diputado fiscal explicó que si no se hubiese llegado a un acuerdo se corría un riesgo grande, el de no fijarle una pena al exmagistrado aunque existieran las pruebas en su contra.

El fiscal González señaló que “no deja de ser una ruleta rusa el que los diputados voten en secreto”.

FALENCIAS

Otro tema que destacó González fue el de las “falencias” que ha encontrado en este proceso, con relación a lo que está estipulado cuando en la investigación surgen nombres de otros implicados en el delito.

González se quejó porque la norma no lo faculta para llegar hasta esas personas. “Solo tenemos la capacidad de imputar al magistrado separado” y no a quienes de alguna manera también resulten involucrados, añadió.

En este sentido, el fiscal planteó la necesidad de “homologar los procesos y llenar algunos vacíos”, a fin de que cuando se trate de una serie de hechos que vinculen a otras personas también se les pueda imputar.

Aunque el caso se cierra una vez se dicte sentencia contra el exmagistrado, González recordó que el acuerdo al que se llegó “es sin menoscabo de lo que puedan investigar las autoridades competentes”, ya que la investigación salpicó a otros posibles implicados.