Moncada Luna acude a audiencia en la Asamblea Nacional
Con la cabeza baja y mirando al suelo se bajó este jueves (5 de marzo de 2015)el magistrado separado Alejandro Moncada Lunadel vehículo 4x4 que lo llevó hasta las instalaciones de la Asamblea Nacional, en donde está prevista la continuación de la audiencia que se realiza como parte de un proceso que se abrió hace cuatro meses y medio en su contra. Eran pasadas las 9:15a.m.La audiencia empezó 24 horas antes, pero las juezas de garantías (Katleen Levy, Ana Matilde Gómez, Zulay Rodríguez) declararon un receso permanente hasta que el propio Moncada Luna se presentara en el Salón Azul, donde se lleva a cabo la misma.
Moncada Luna no acudió, inicialmente, a la cita de audiencia debido a que presentó un certificado de incapacidad otorgado por la doctora Paulina Rognoni, el cual tiene estampado unlogo de su clínica privada.El fiscal de la causa, Pedro Miguel González, protestó porque dijo que en un proceso de este tipo debe considerarse como válida solamente una evaluación médica realizada por facultativos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imlcf).
Tras este señalamiento, las juezas de garantías solicitaron al Imlcf que se encargara de hacer la evaluación correspondiente al magistrado separado,quien ha permanecido en su residencia en Coco del Mar (PH Ocean Sky) desde octubre de 2014, en cumplimiento de la medida cautelar de casa por cárcel. Así se hizo, con apoyo del Hospital Santo Tomás, y los peritos forenses determinaron que Moncada Luna podía comparecer sin problemas.
ACUERDO, ¿SE MANTIENE?
Las juezas de garantías solicitaron la evaluación médica de Moncada Luna motivadas por el interés de que el propio magistrado separado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustentara las razones por las cuales supuestamente desistió de un acuerdo pactado con el fiscal, el pasado 23 de febrero, tal como lo indicó mediante un escrito su abogado Ramiro Jarvis.
El fiscal González, empero, dijo a TVN Noticias que tanto Moncada Luna como su defensa aún pueden retractarse del escrito de desistimiento presentado y mantenerse en el acuerdo del 23 de febrero, mediante el cual el acusado admite que confesó dos delitos (falsificación de documentos y enriquecimiento injustificado). Su pena -según el acuerdo- podría ser de cinco meses de prisión, pero esa decisión le compete a las juezas de garantías.