Manejo irregular de juntas comunales es un problema de arrastre, ¿Qué sucede con las investigaciones?
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Tanto en el Ministerio Público como en el Tribunal de Cuentas hay casos de vieja data sobre el mal manejo de fondos públicos en juntas comunales del país.
Panamá/El manejo inadecuado de las juntas comunales en varios sectores del país ha sido un tema recurrente que sigue siendo motivo de alarma en la población.
Recientemente, la ciudadanía ha sido testigo del mal estado y la falta de transparencia en que los representantes salientes entregaron estos entes a las nuevas autoridades, evidenciando la gravedad de la situación.
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Los nuevos y viejos casos en el MP
Algunos de los nuevos ediles han presentado denuncias que están bajo investigación del Ministerio Público (MP). Sin embargo, en esta entidad también se investiga un caso por peculado relacionado con el mal manejo de fondos públicos en 11 juntas comunales de las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
La investigación en cuestión lleva un año y cuatro meses paralizada, a la espera de una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, estado que persistía hasta junio pasado.
Esta investigación se inició en 2014, pero fue suspendida temporalmente por falta de una auditoría. En 2018, el entonces contralor Federico Humbert entregó al MP 223 cajas con resultados de varias auditorías, reactivando así el caso.
Un informe del MP, indica que la lesión patrimonial en las 11 juntas comunales investigadas en Panamá y Panamá Oeste asciende a $3.3 millones.
Los casos en el Tribunal de Cuentas
Pero, las investigaciones sobre las juntas comunales del periodo 2009-2014 están paralizadas no solo en el MP, sino también en el Tribunal de Cuentas, donde hay nueve casos a la espera de una decisión de los magistrados sobre si llamarán a juicio o cerrarán la investigación.
La posible lesión patrimonial en estos casos suma unos $2.2 millones.
Estas juntas son las siguientes:
- San Francisco (Panamá),
- Barú (Chiriquí),
- Belisario Porras (San Miguelito),
- Pedregal (Panamá),
- Calidonia (Panamá),
- Cristóbal (Colón),
- San Pablo (Veraguas)
- Hornito (Chiriquí) y
- El Coco (La Chorrera)
En relación con estos casos pendientes en el Tribunal de Cuentas, el diputado de Vamos, Lenín Ulate, por el circuito 13-1 de Arraiján, ha realizado al menos tres llamados en el Pleno Legislativo para que el Tribunal "rinda un informe" sobre el estado de las investigaciones de irregularidades en las juntas comunales del periodo 2009-2014, advirtiendo que están cerca de prescribir.
Estas investigaciones, que aún no decide el Tribunal de Cuentas, derivan de pesquisas iniciadas en 2018 por la Fiscalía General de Cuentas (FGC), bajo la dirección de Waleska Hormechea, tras recibir 78 investigaciones relacionadas con los fondos públicos administrados por las juntas comunales a nivel nacional. Estas investigaciones fueron remitidas al Tribunal de Cuentas.
Hormechea, que aseguró estar preparada para abandonar el puesto, cuando se designe a su reemplazo, expresó a TVN-2.com que han solicitado al Tribunal "acelerar los procesos de las nueve juntas pendientes, dado que algunas vistas datan del 2018 y ya estamos en 2024".
De las 78 investigaciones, 69 han sido resueltas, mientras que los nueve casos mencionados están pendientes de decisión por parte del Tribunal.
Un informe de la FGC detalla que en siete resoluciones se encontró responsable a 32 personas naturales, con una lesión patrimonial de $2,060,448.00.
"Las personas involucradas son de las juntas comunales de Pocrí, Ñurum (comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí), Madugandí (Capira), Rincón (Chiriquí), Palmas Bellas (Colón) y Tortí (Darién), y deben reembolsar al Estado el dinero", detalló Hormechea.
Además, 51 procesos están en etapa de llamamiento a juicio, involucrando a 310 personas, de las cuales 289 son naturales y 11 jurídicas, por un monto de $6,236,747.13. En 13 casos se ha dictado cese del procedimiento, afectando a 743 personas naturales y 184 jurídicas.
Con respecto a que las investigaciones de las FGC se atascan en el Tribunal de Cuentas, la fiscal explicó en que parte de su trabajo es insistir, por lo que siempre están presentando impulsos procesales.
Estamos impulsando para culminar, porque la idea es que los casos que nosotros enviamos se califiquen en el término que debe ser para la respuesta que debe llegar, porque si no los casos se nos prescriben, se quedan en un limbo", manifestó Hormechea.
La Fiscal también explicó que el trabajo de la FGC termina en la Dirección General de Ingresos, pues son ellos los que hacen las ejecutoria de sus resoluciones.
Hay escepticismo
El hecho de que aún existan casos pendientes sobre el manejo irregular de fondos públicos, incluyendo algunas juntas que han sido denunciadas nuevamente, como la junta de San Francisco que estuvo bajo la administración del perredista Carlos Pérez Herrera durante años, demuestra, según muchos, el escaso interés de las autoridades en realizar su labor.
El analista José Stoute no tiene esperanzas de que estas investigaciones se resuelvan, todo lo contrario; considera que "nos llevaríamos una gran decepción, y ojalá me equivoque".
Para él, lo sucedido recientemente con las juntas es el “inicio de las investigaciones”. Además, cuestionó el rol de la Contraloría General de la República, ente encargado de realizar las auditorías para darle fuerza a la investigación.
De la Contraloría General de la República, que durante 5 años se ha dedicado al encubrimiento de la corrupción, sí que no podemos esperar absolutamente nada", precisó Stoute.