Caos en las juntas comunales: ¿Ausencia de una ley o juega vivo de los representantes salientes?

Panamá/Dejar computadoras sin base de datos, llevarse documentos y no proporcionar toda la información de las juntas comunales o de las alcaldías del país es un "delito", de acuerdo a Narciso Machuca, experto en temas municipales y asesor de la Asociación de Municipios de Panamá.

"Llevarse documentos, mobiliario, dejar computadoras sin información, eso no es una falta, eso es un delito y debe saberlo la autoridad correspondiente; eso no puede pasar en este país", manifestó Machuca.

Señaló que es "lamentable" lo que se ha visto en las noticias sobre las diferentes juntas comunales y municipios.

Al menos unas 10 juntas comunales a nivel nacional han hecho público el mal estado en el que han recibido las estructuras de estos gobiernos locales. Han denunciado la falta de informes financieros, planillas con "botellas", la eliminación de las redes sociales y la falta de documentos.

Las quejas han venido, por ejemplo, de la junta comunal de San Francisco; Ancón; Parque Lefevre; Juan Díaz; Capellanía, en Antón; Omar Torrijos, en San Miguelito y Burunga, Arraiján.

Uno de los casos que llamó la atención fue el arma que encontró David Bernal, representante de Juan Díaz en la junta comunal.

Bernal, de la coalición independiente Vamos, fue una de las autoridades locales que tuvo dificultades de comunicación con la autoridad saliente, en la fase de transición con Javier Sucre, actual diputado, quien no logró la reelección en la junta comunal.

Mientras que Óscar Gutiérrez, representante del corregimiento de Omar Torrijos, distrito de San Miguelito, cuando intentó ingresar a las oficinas de la junta comunal, encontró las puertas con candados y no había autoridad que le facilitara las llaves. Pudo entrar el 3 de julio para ocupar su cargo.

La mayoría de los casos se ha dado en juntas comunales donde sus autoridades comandaron por años estos entes.

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Si bien es cierto que no existe una ley que obligue a los alcaldes y representantes a entrar en un proceso de transición, la Procuraduría de la Administración elaboró unas guías que se deben seguir para este proceso. Pero el documento habría quedado en letra muerta ante las acciones de algunas autoridades salientes.

"He visto las noticias sobre cómo han quedado algunas entidades. Eso es lamentable. Como municipalista, tengo que reprochar esa actitud, porque esas juntas comunales no le pertenecen a nadie, igual que los municipios", dijo Machuca.

Enfatizó que se trata de un acto reprochable y que, aparte de ser un delito, los ediles salientes deben responder por los equipos que hagan falta.

Ante estas controversias, el Procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió a todos los nuevos funcionarios que estén lidiando con estas irregularidades que pongan las denuncias.

Todo funcionario público que encuentre alguna información irregular, si hay que presentar la denuncia, deben hacerlo", expresó el Procurador.

Esta opinión también es respaldada por Machuca: "Se deben poner las denuncias".

¿Se harán las denuncias?

Por ahora, Serena Vamvas, la nueva edil de San Francisco, es la única representante que presentó una denuncia penal por la supuesta comisión de los delitos contra la seguridad informática, la administración pública y el patrimonio económico de esa junta local.

El recurso legal lo interpuso luego de denunciar que el sistema contable que estaba en las computadoras de la junta supuestamente fue borrado. "¿Por qué supuestamente borrados? Porque no encontramos absolutamente nada", dijo en un video que publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Explicó que la anterior administración, dirigida por el perredista Carlos Pérez Herrera, le informó que la falta de datos del sistema contable en los equipos tecnológicos fue causada por una supuesta fluctuación que también afectó los respaldos.

La denuncia va dirigida a quien "se halle encargado, por cualquier concepto, de fondos y rentas".

Para el analista político José Stoute, el traspaso a las nuevas autoridades de las juntas comunales es un verdadero escándalo. Muchos representantes de corregimiento tendrán que ser denunciados penalmente, tal como ya hizo Vamvas.

Esta inesperada situación deja al descubierto el sistema clientelista y corrupto que dejan como herencia los partidos tradicionales, que han recibido un gran repudio de la ciudadanía electoral", indicó Stoute.

Lo otro que, Stoute pone de manifiesto es la urgencia de una legislación que regule el funcionamiento auditado de dichas juntas comunales y la forma en que deben hacerse dichos traspasos al final del mandato de los representantes.

¿Una reforma? y ¿el contralor?

Ya hay diputados que plantean una reforma a la norma. Es el caso del diputado de Vamos Neftalí Zamora que decidió primero hablar con los nuevos ediles para saber las necesidades en cuanto al tema.

Precisamente, el sábado algunos representantes sostuvieron una reunión en la que plantearon varios de la problemática que enfrentan, que va más allá de unas estructuras en mal estado.

Entre los representantes presentes estaba el de Bella Vista, Parque Lefevre y Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, David Cabecera, entre otros. Señalaron que algunos de los nuevos ediles no tienen autorización bancaria y no pueden ejecutar ni desembolsar.

Reclaman que el proceso de transición debe ser más ordenado y que las firmas se deberían registrar incluso antes del 1 de julio.

Jorge Montenegro Vallarino, representante de David Cabecera reconoció que el problema es creciente. “Estamos llenos de ambigüedades”, dijo. Explicó que hay juntas comunales que solo reciben   Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOBS) (15 mil dólares) y solo podrán disponer de esos fondos hasta septiembre (60% de las juntas comunales del país).

El nuevo representante de Amelia Denis de Icaza, Amed Rojas Lamela contó que en su junta hay personal de vacaciones hasta 2025 y no hay libros de contabilidad. A ello, se suma que la junta comunal no tiene agua.

Mientras que representantes no reelectos gastaron fondos del PIOBS antes del 1 de julio a la ligera, para no dejar dinero a los entrantes.

Es por ello, que los nuevos ediles plantean regular el uso de fondos del PIOBS durante la transición a través de una legislación. Hubo juntas comunales que giraron cheques de donaciones de obras sociales el viernes antes del cambio de gobierno.

En tanto, el Municipio de Panamá anunció que apoyará a los ediles con las auditorías.

En este tema, muchas preguntas quedan sin responder: ¿por qué se borró la información?, ¿qué se esconde? y ¿dónde está el contralor? Sobre esta última pregunta, el diputado Ernesto Cedeño indicó que para que los pedidos de auditorías tengan éxito, se requiere de la voluntad del señor Contralor para proceder a darle respuestas oportunas a las solicitudes. A la fecha, el contralor no ha emitido opinión al respecto.