Buscan modificar Ley 184 sobre Violencia Política

Con el objetivo de presentar propuestas de modificación de la Ley No. 184 de Violencia Política, a fin tipificar el delito de violencia política en el Código Penal, fue instalada una mesa técnica por parte del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

Al finalizar este proceso de revisión, consulta y propuesta de modificación a la Ley No. 184 sobre Violencia Política, se espera presentar el anteproyecto a la Asamblea Nacional de Diputados, como iniciativa legislativa para obtener la modificación de la ley.

Y es que, la brecha de género, en el ámbito político, constituye una amenaza para la democracia, la igualdad y equidad entre hombres y mujeres.

Panamá, como integrante del Misecvi (Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer) en la reunión de la que fue sede, efectuada el año 2017, adquirió el compromiso en trabajar por el liderazgo político de las mujeres y su ejercicio en total libertad, sin violencia ni discriminación.

Adicionalmente, nuestro país cuenta, desde 1999, con una política pública plasmada en la Ley No. 4 de 29 de enero de 1999 “Que Instituye la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres”, y que reglamenta la base del establecimiento de medidas y acciones, incluyendo el de poder y participación (Capítulo II) para promover la participación política de las mujeres, consolidando de esta manera el acceso de las mujeres al poder político, sin discriminación ni violencia, en el disfrute pleno de sus derechos humanos.

Durante el acto, convocado por Nellys Herrera, Directora General del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), se contó con la participación de la diputada Kayra Harding, representantes del FONAMUPP (Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos), del Ministerio Público, de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, del Colegio Nacional de Abogados, de la APARLEXPA (Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias), así como la Magistrada Suplente del Tribunal Electoral, la Fiscalía General de la República, la Oficina de Género de la Asamblea Nacional de Diputados, el PNUD y personal técnico INAMU.