Alianza Ciudadana pide independencia judicial tras designación de Cigarruista

Miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia pidieron este martes, 6 de enero, que se cumpla con la independencia judicial en el país, durante una protesta que realizaron en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyo pleno designó ayer, lunes, como magistrado de Cuentas a Alberto Cigarruista.

A Cigarruista, exmagistrado de la CSJ (2002-2011), se le cuestiona por su vínculo político con el Partido Panameñista, ya que en 2011 fue candidato a diputado en el circuito 7-2 en Los Santos por ese colectivo.

"Ha quedado comprobado que están [magistrados de la CSJ] al servicio del Órgano Ejecutivo", dijo Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Castillo advirtió que si la ciudadanía sigue guardando silencio cuando se nombre a alguien que no cumpla con los requisitos-refiriéndose a Cigarruista-nadie creerá en las instituciones y "vamos a seguir en lo mismo".

Según Alianza Ciudadana Pro Justicia "el magistrado Cigarruista aún tiene mucho que aclararle al país con respecto al caso [de pago de soborno para la supuesta aprobación del contrato ley del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios] (Cemis) y también por el caso de soborno en la ratificación de magistrados de la CSJ en enero de 2002", justo cuando fue designado en esa instancia.

Con pancartas en mano, los manifestantes exigieron a la clase política que no intervenga en la administración de justicia.

"La administración de justicia debe ser independiente para no recibir presión de los polítcos", indicó en ese sentido, Mercedes Araúz a TVN Noticias.

Cigarruista ha dicho que "no se trata si es político o no, se trata del hombre, si sabe ganarse el respeto".

Hoy tras asumir su cargo en el Tribunal de Cuentas prometió que trabajará en la justicia preventiva y que recuperará el dinero que ha sido robado al Estado en pasadas administraciones gubernamentales.

Entre las funciones del Tribunal de Cuentas está juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo cuando surjan reparos, que por irregularidades, formule la Contraloría General de la República.

Le compete específicamente juzgar la existencia de la lesión patrimonial y declarar la responsabilidad de sus autores con el fin de resarcir al Estado el daño que infligió, según información publicada en el sitio web de esta instancia.