Funcionaria de la Autoridad Marítima defiende ampliación de contrato a Panama Ports

Con la decisión de autorizar la renovación del contrato de concesión de puertos a Panamá Ports Company (PPC) por 25 años más, la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) puso punto final a un contrato polémico que ha dejado muchos sinsabores en la sociedad panameña y que empezó con la auditoría de la Contraloría General de la República.

La directora de Puertos de la AMP, Flor Pitty, dijo que la decisión se tomó tras la revisión documental y de informes de auditorías, sobre si cumplieron con las obligaciones básicas del contrato, resaltando que es importante respetar la seguridad jurídica de las empresas que invierten en el país.

Explicó que el Estado tiene un representante en la Junta Directiva de la Empresa, y según lo revisado se puede evidenciar que el Estado nunca propició que se diera una política de pago de dividendos y esta es una de la política fundamental que esta administración ha exigido para que se realice el pago de dividendos correspondientes y se establezca un acuerdo de accionista donde se establezca una política de pago de dividendos que debe recibir Panamá por año.

“Ese mínimo es de 7 millones de dólares anuales, obviamente si se generan más ganancias anuales se pagarán más dividendos, pero se estableció un mínimo de 7 millones de dólares anuales basados en el promedio de ingresos que ha tenido la empresa”, manifestó Pitty, justificando que este es uno de los principales aspectos que fundamenta cualquier decisión que como Estado se pueda tomar.

Según Pitty, uno de los aspectos fundamentales para establecer lo que se recibirá en dividendos en los próximos meses están proyectados en el aumento de movimiento de contenedores y los porcentajes de incremento que se han tenido.

Dejó entre dicho que hay que verificar si la ampliación del Canal de Panamá ha traído beneficios a los puertos de Balboa y Cristóbal.

Si se ve en el movimiento de contenedores, no hay un aumento radical en el movimiento de contenedores que es lo que genera mayor ingreso a las instalaciones portuarias. Entonces, la ampliación del Canal de Panamá no necesariamente representa un beneficio significativo a la operación de los puertos”, expresó.

Según los cálculos realizados por la AMP basados en sus tarifas y el porcentaje de incremento en movimiento de carga, proyectado a 25 años, arroja proyecciones de más de 800 millones de dólares que recibirá el país por la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Pitty destacó que hay que ser respetuoso del contrato que hizo el Estado con la empresa, por lo que la empresa tiene derecho a subarrendar las tierras, ya que en la adenda del 2005 se le dio derecho de uso de esas tierras, resaltando que en el nuevo contrato se busca una compensación de las áreas explotadas con el pago de mínimo 7 millones de dólares anuales.

Agregó que se están impulsando proyectos portuarios, pero respetando la seguridad jurídica del Estado, buscando la descentralización de los puertos y que los beneficios del desarrollo de puertos lleguen a las provincias del país, como el desarrollo de puertos en Aguadulce y Puerto Armuelles.

La empresa está consciente de la situación pandémica y post pandémica que tenemos y esta administración como la empresa busca que el país pueda seguir adelante impulsado de los beneficios y activos que tenemos. Las negociaciones han ido en la búsqueda de impulsar ese desarrollo, y uno de los aspectos es el pago adelantado de dividendos y la empresa está de acuerdo con colaborar con las exigencias establecidas”, puntualizó.

Sobre el canon fijo anual, Pitty señaló que hacer una revisión del mismo es llevar a una posición no igualitaria con el resto de las instalaciones portuarias del país y eso crearía un desequilibrio en la economía.