'La policía violó los protocolos' en caso de agresión a estudiante, advierte Ernesto Cedeño

Tras las denuncias de supuesto abuso policial contra estudiantes y un fotógrafo de un medio internacional durante las protestas del pasado miércoles, muchas son las reacciones que han surgido en defensa de los agredidos y sus derechos fundamentales.

El abogado Ernesto Cedeño, indicó que, aunque estemos en una pandemia, las personas siguen gozando de sus derechos ciudadanos como lo es la protesta, además, hizo la salvedad de que quienes protestas deben tener cuidado de no irrumpir en violación de normas jurídicas como daños a bienes ajenos que es un delito, mientras que la alteración al orden público puede estar sujeta a un proceso investigativo en una jurisdicción comunitaria.

Para el abogado, independientemente de que la joven Corea haya agredido o no a la unidad policial, esto no le da derecho a la unidad policial a tomarse la justicia por sus propias manos, ya que eso está objetado en el Código Penal.

“Siempre debemos ser defensores de los derechos humanos y el derecho de protesta, eso es contundente. La objeción es la violación a los protocolos que no cumplió la Policía porque había una persona que estaba reducida, aunque se pudiera ver afectada la unidad, no le daba derecho a agredirla”, indicó Cedeño.

Resaltó que, “luego de que una persona está reducida la unidad policial se mal entonó y eso no lo podemos aceptar en un estado de derecho”, por lo que considera que las investigaciones deben ir más allá de una realizada por la Defensoría del Pueblo y la DRP.

Ante los señalamientos de la Policía Nacional de que los jóvenes que protestan tiene ‘doble agenda’, Cedeño manifiesta que los jóvenes pueden acudir a instancias penales a interponer denuncia por sentirse vigilados. Además, dijo que no se puede causar zozobra a los estudiantes, aunque tengan triple agenda porque tienen derecho a protestar.

“Puede tener muchas agendas, pero estas agendas deben ser controvertidas de acuerdo a la veracidad e información adecuada en un estado de derecho, los funcionarios deben actuar con integridad e independencia”, concluyó.