La planta eléctrica fantasma

El más grande intento en los últimos años de una empresa particular por ingresar en el negocio de la generación de energía a base de gas en Panamá ha resultado ser un largo proceso colmado de interrogantes legales y favoritismos, con un gran damnificado: el usuario panameño, sometido al vaivén de intereses que conspiran contra el derecho a un servicio público esencial para su calidad de vida.

El caballo de batalla de un polémico entramado que no ha sido cubierto en toda su dimensión por la prensa panameña, se llama NG Power. Esta empresa, que desde 2011 tiene una licencia de construcción cuyo estatus hoy no es claro, ganó una licitación pionera con la que se aseguró tres contratos por 20 años con las tres distribuidoras de energía que tiene el país canalero. Sin embargo, pese a que ha transcurrido tanto tiempo, la planta destinada a esa generación de energía ni siquiera existe. O lo que es lo mismo, resulta ser como el gas, invisible.

Y no pretendía ser cualquier planta. De concretarse, tendría capacidad para producir el 50% de la energía que hoy por hoy se consume en Panamá.

Todo comienza en 2009, cuando el país estrenaba el mando presidencial de Ricardo Martinelli, un magnate de los supermercados que llegó al poder para romper el bipartidismo (PRD-Partido Panameñista) hasta entonces imperante. Uno de sus amigos más cercanos y parte de su círculo más íntimo, el veterano empresario panameño Mayor Alfredo Alemán Chiari —mejor conocido como Mello Alemán—, quiso agregar a su amplio portafolio de intereses económicos la generación eléctrica a base de gas natural.

Alemán, miembro del hoy gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) es directivo en más de 80 sociedades anónimas, entre las que destacan sus inversiones inmobiliarias, hoteleras y financieras. Sobre él se dicen muchas cosas, una de ellas, según William Hughes, economista y co-autor del libro ¿Quiénes son los dueños de Panamá?, esta: “El señor Alemán es representante de un sector económico muy poderoso, que abiertamente se identifica con el PRD (sector del que sus miembros) siempre donan a todas las campañas, hasta por cortesía”.

William Hughes, economista y co-autor del libro ¿Quiénes son los dueños de Panamá? dice: “El señor Alemán es representante de un sector económico muy poderoso, que abiertamente se identifica con el PRD (sector del que sus miembros) siempre donan a todas las campañas, hasta por cortesía”.

Pero no es Alemán quien aparece en escena en la ruta que se comienza a abrir NG Power, al menos hasta ese momento. Quien sí lo hace en cambio (según algunas fuentes, con la aquiescencia de Alemán) es el empresario ítalo-ecuatoriano José Dapelo Benites, quien se convierte en figura visible del negocio. Dapelo, según el sitio Periodismo de Investigación, fue protagonista de un sonado caso en Ecuador, una vez se le adjudicó un proyecto de extracción petrolera a una empresa suya, Ecuavital. Al final, Dapelo terminó demandando por una millonaria suma al Estado ecuatoriano. A raíz de esa situación, según el diario El Universo de Ecuador, el expresidente de ese país Rafael Correa lo calificó públicamente como “el gánster que se ha llevado 140 millones en remediación ambiental”.

Hay que decir que en ese mismo año (2009) en que NG Power quiso irrumpir en el mercado energético panameño, el gas natural no había llegado a Panamá. Y que la idea de una planta de generación a base de esa materia prima, cuyas reservas abundan en Estados Unidos, era disruptiva. El Canal estaba ampliándose y el país crecía entre 10% y 12% anual. Es decir que mientras el mundo andaba sumergido en la crisis económica que inició en 2008, Panamá vivía su primavera económica.

Es entonces cuando, en septiembre de 2009 —apenas dos meses después de la llegada de Martinelli a la Presidencia—, Dapelo inscribe LNG Group S.A, con ficha 674296, en el Registro Público. Pocas semanas después, esa empresa es beneficiada con una concesión por 40 años de 48 hectáreas con opción a compra en las riberas del Atlántico panameño.

Y casi enseguida, en diciembre de 2009, el mismo Dapelo inscribe Monteverde NG Power, con ficha número 686276. Dicha sociedad fue mencionada en una investigación que publicó el diario El País de España por supuestamente haber transferido 630 mil dólares a cuentas en Andorra a nombre de los padres de Demetrio “Jimmy” Papadimitriu, exministro de la Presidencia del gobierno de Martinelli. La Secretaría de Energía —que después recomendó la licitación exclusiva para plantas de gas— está adscrita al Ministerio de la Presidencia, cuya cabeza, en ese entonces, era Papadimitriu.

Ya inscrita en el Registro Público, NG Power obtuvo una licencia de generación eléctrica en 2011 y ganó tres contratos en 2013. El problema hoy es que NG no ha puesto un solo bloque de cemento en el proyecto. Y por si fuera poco, en diez años no ha podido concretar el financiamiento para la construcción de la obra. “Esto, lo que se ve ahí, es un negocio de papel, no una inversión”, así lo calificó en entrevista para este reportaje el abogado panameño Moises Barlett, quien ha seguido el caso por seis años. Barlett presentó varios recursos contra NG Power ante la Corte, que lo aceptó como tercer interesado por ser la electricidad un servicio público.

Desde la inscripción de Panamá NG Power en el Registro Público, en febrero de 2010, se inicia una sucesión de decisiones oficiales que favorecieron los intereses de NG Power, desde ajustes al contrato que le cayeron como anillo al dedo, hasta decisiones judiciales que le prolongaron los derechos adquiridos a pesar de repetidos incumplimientos, que (aunque no existan evidencias de actos de corrupción) generan todo tipo de suspicacias sobre, uno, la transparencia del proyecto y, dos, la licitación de generación que persiguió.

Para comenzar, así fue como la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) emitió la licencia provisional a favor de NG Power el 30 de marzo del 2011, con plazo de un año para entregar documentos, entre ellos el cierre financiero o la garantía de financiamiento para construir la planta.

La empresa no cumplió con ese plazo. Sin embargo, en mayo de 2012, recibió una conveniente extensión para hacerlo. Pero no fue esa la única mano que recibió, porque en el interín de aquella situación, el gobierno le allanó el camino aprobando una ley de incentivos para plantas de generación a base de gas natural, mientras que, a la vez, la Secretaría de Energía empezó a coser una licitación a la medida. Según esa convocatoria, solo podían participar empresas con licencia. Claro estaba, NG Power era la única que la tenía. Además, el lapso era tan corto que impedía a otras empresas tramitar ese permiso.

Las decisiones de la ASEP volvieron a beneficiar a NG el 31 de enero de 2013 cuando, con un pliego aprobado de por medio, hubo 20 empresas interesadas en el negocio, algunas de ellas incluso con experiencia internacional en la actividad. En la reunión previa a la presentación de las propuestas, uno de los proponentes, ALTERNERGY, solicitó una extensión de seis meses, dada la envergadura de la contratación. En contravía al principio de promover mayor participación, la ASEP solo dio un intervalo de dos meses antes de la entrega de las ofertas.

Quedaban más puntadas oficiales para el traje a la medida de NG Power, como lo demuestran dos adendas sumadas a lo que ya pintaba como clara destinación. Una, al abrir la participación a consorcios o alianzas estratégicas, con el requisito de que para participar en la licitación al menos una de las empresas debía tener la licencia. La segunda ordenó reemplazar el requisito de presentar estados financieros por una carta de estructuración del préstamo, pero sólo para los proponentes con licencia. Coincidentemente, NG Power no había logrado en ese momento concretar el financiamiento para la obra por sí sola.

Al final, de los 20 interesados originalmente en el proyecto, solo NG Power presentó oferta. Era la única que tenía licencia tal como pedía el pliego. Fue así como a los pocos días se le adjudicaron los tres contratos de generación para potencia y energía, aparte, a uno de los costos más altos del mercado y con el plazo más largo. Todo con licencia provisional y sin haber presentado solvencia financiera.

Ramiro Troitiño, presidente de la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos, le dijo a esta investigación que “nunca existió una licitación como esa” y que la misma se hizo “a la carrera(...) con solo tres meses para preparar la oferta(..) lo que era muy poco para una licitación de esa magnitud y por el tiempo más largo hasta entonces licitado”.

Ramiro Troitiño, presidente de la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos, le dijo a esta investigación que “nunca existió una licitación como esa” y que la misma se hizo “a la carrera(...) con solo tres meses para preparar la oferta(..) lo que era muy poco para una licitación de esa magnitud y por el tiempo más largo hasta entonces licitado”. La licitación terminó ampliamente cuestionada por sectores empresariales y competidores por un riesgo inminente de sobrecontratación y altos costos que se trasladarían al consumidor, como declaró Miguel Bolinaga, gerente de AES Panamá al medio Capital Financiero. Incluso, la licitación fue denunciada por el ex defensor del Pueblo, el abogado panameño Juan Antonio Tejada.

Igual, ningún recurso logró frenar la apuesta de NG Power. Con los contratos ya bajo el brazo, la empresa incumplió por tercera vez con la entrega del cierre financiero para el proyecto. Aun así, el gobierno de Martinelli le otorgó la licencia en firme, junto con dos prórrogas más, solo dos días después de que su partido perdiera las elecciones el 4 de mayo de 2014.

A mediados de 2014 asumió como nuevo presidente Juan Carlos Varela, quien fuera vicepresidente y canciller de Martinelli, y a quien despidió de su puesto como canciller transcurridos dos años de gobierno. Ahora con el PRD de Mello Alemán como opositor y con Martinelli de abierto adversario, la nueva administración de Varela empezó a “apretarle las tuercas” a NG Power.

Entonces, entre 2014 y 2018, el gobierno de Varela canceló y reinstaló la licencia dos veces, recibió cuatro solicitudes de prórroga e incluso pidió una fianza de garantía para dejarla sin efecto después. La empresa por su parte, interpuso en ese tiempo al menos seis amparos de garantías para frenar las decisiones de la Asep.

Según esta última entidad, NG Power había incumplido todos los plazos y sus extensiones y por eso le canceló la licencia en diciembre de 2017. Paralelamente, el mismo gobierno de Varela había entregado dos nuevas licencias para generación a base de gas natural entregadas mediante un proceso de licitación con decenas de empresas participantes. Una, a la estadounidense AES, que tenía hasta hace poco como socio panameño al Grupo Bahía de la Famila Motta, también donante en la campaña de Varela. La otra, a la china Martano, hoy llamada Sinolam.

No pasó mucho tiempo antes de que NG Power volviera a la carga. Por eso, activó otro protocolo legal en la Corte, tribunal que admitió un amparo el 20 de diciembre de 2017, a solo días de la cancelación. Dapelo declaró entonces a La Estrella de Panamá, en enero de 2018, que “de no actuar conforme a derecho (refiriéndose al entonces director de la ASEP, Roberto Meana) la empresa consideraría presentar una querella en su contra. El amparo nos da derecho a demandarlo por daños personales y perjuicios, que si los sumamos desde 2014 a la fecha sobrepasan los 100 millones”. Mientras tanto, la Corte estudiaba el amparo.

En mayo de ese año 2018, la empresa presentó un cierre financiero soportado por su socia china Shanghai Electric Group, pero la ASEP lo rechazó. Acto seguido, NG Power introdujo un incidente de desacato en contra del administrador de la ASEP, Roberto Meana. En julio de 2018, la Corte falló a su favor y declaró en desacato al director de la ASEP, al que le ordenó restablecer la licencia, mientras definió como última fecha para entregar el cierre financiero el 15 de octubre de 2018, plazo que, de nuevo, la empresa tampoco cumplió. Consultado para esta investigación, Meana rehusó dar declaraciones al respecto.

En aquel fallo de la Corte hubo un voto explicativo a cargo del magistrado Efrén Tello, quien no coincidió con el nuevo plazo otorgado de 150 días porque, consignó Tello, “eso empezó a correr desde que se firmó el fallo original, o sea diciembre de 2017”. Además hubo un salvamento de voto de la magistrada Ángela Russo, quien sustentó su abstención en que mientras la ASEP cumplió con los fallos, la empresa no lo hizo.

En el camino, los inversionistas chinos que sustentaron el citado cierre financiero de NG Power se retiraron, según se puede constatar con datos del Registro Público. Así, la empresa volvió a quedarse sin techo financiero y sumó otro —uno más— plazo no cumplido teniendo licencia y contratos vigentes.

En este momento —señaló el abogado Barlett— lo que cabía era cancelar la licencia y los contratos y abrir una nueva licitación para participar en igualdad de condiciones. “Se saltaron la valla y cayeron al otro lado, con conocimiento de todos los que intervinieron”, comentó. El jurista también interpuso una denuncia penal a la empresa por tener un estudio de impacto ambiental categoría 2, “cuando la norma ambiental aplicable exige que sea categoría 3 por el riesgo y la naturaleza del proyecto; tal como se le exigió a AES y a Martano”.

En este momento —señaló el abogado Barlett— lo que cabía era cancelar la licencia y los contratos y abrir una nueva licitación para participar en igualdad de condiciones. “Se saltaron la valla y cayeron al otro lado, con conocimiento de todos los que intervinieron”

En julio de 2019, el PRD volvió al poder, con Laurentino Cortizo a la cabeza. El mismo partido que tiene a Alemán como miembro de su frente empresarial, el cual también presidió. A las campañas del PRD, incluida la de Cortizo, Alemán ha donado oficialmente dinero y especies, además de facilitar aviones de su propiedad para fines logísticos. Él mismo declaró a La Prensa en 2013 que “sin contactos y buenas amistades no puedes lograr ningún megaproyecto”.

Como era de esperarse, el Gobierno entrante no canceló la licencia de la empresa a pesar del incumplimiento del último plazo dado por la Corte en su fallo. El actual secretario de Energía Jorge Rivera Staff lo justificó a Connectas diciendo que cuando entraron “ya estaba el fallo de la Corte y estaba dentro de los tiempos, (por lo tanto) no había sustento para cancelar”.

NG Power se embarcó entonces en la búsqueda de a quién venderle la licencia y los contratos, en realidad dos papeles blindados hasta entonces con el poder económico de sus socios. Esto explica, asegura el economista William Hughes, “porqué la empresa pudo mantener por tanto tiempo una licencia sin haberle aplicado las normas que le hubiesen aplicado a cualquier mortal”.

En consecuencia, a pesar de no haber puesto un solo bloque en el proyecto, al 30 de junio de 2021 la licencia de NG Power seguía vigente y con estatus "pendiente de cierre financiero”, según el reporte mensual de la ASEP. Un mes después, el 31 de julio, la licencia de NG ya no aparecía en el reporte, pero los contratos seguían vigentes según el informe de contrataciones, con adendas para empezar a operar en 2023.

Tanto Troitiño, presidente de la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos, como el abogado Barlett, pidieron el sustento del estatus actual, pero la ASEP no les contestó.

¿Una cesión?

El 1 de junio de 2021, el gobierno PRD de Laurentino Cortizo anunció una nueva planta de gas con las mismas características que construiría NG Power, en el mismo lugar y con el mismo voltaje, pero ahora con nuevos socios. Se trata de Generadora Gatún, en la cual participarían AES con el 24%, Interenergy con el 51% —ambas transnacionales que cotizan en la Bolsa y que estuvieron interesadas en la licitación de 2013— y el Estado panameño, que sería dueño del 25% “sin poner un solo centavo”, según el presidente. Así lo declaró eufórico el mandatario panameño en la provincia de Colón, al norte de Panamá.

El Secretario de Energía panameño confirmó posteriormente, en entrevista vía Zoom para esta investigación, que NG Power “cedió” su licencia y sus contratos de generación al nuevo consorcio que construirá Generadora Gatún, pero evitó dar detalles calificando la cesión como una “transacción privada”.

Una investigación de Univisión cifró la venta en 300 millones de dólares citando una fuente anónima. Miguel Bolinaga, representante de AES en Panamá, rehusó comentar sobre la transacción a esta investigación.

Sin embargo, la cesión no ha sido plasmada —hasta la publicación de este trabajo— en ningún decreto ni resolución. Solo en un comunicado de la Presidencia. Como afirma el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gustavo Bernal, “ese acuerdo no tiene ningún sustento legal” y marca “un nefasto precedente en la industria”.

Como afirma el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Gustavo Bernal, “ese acuerdo no tiene ningún sustento legal” y marca “un nefasto precedente en la industria”.

El consorcio que aglutina a AES e Interenergy se llama Group Energy Gas Panamá, y fue inscrito en el Registro Público el 23 de noviembre de 2020. Rivera, el secretario de Energía, también dijo que “hasta donde sabe, la empresa NG Power no tiene participación en la nueva sociedad”. Pero los nombres de los ejecutivos de Interenergy y de AES también se añadieron a otra sociedad anónima llamada justo Generadora Gatún, que fue inscrita en 2015 bajo la ficha 155591805 por la firma Ordoñez Chea y Asociados, la misma firma que asesora legalmente a otras empresas de Alemán.

Consultados por esta investigación, voceros de Generadora Gatún dijeron no poder responder a interrogantes sobre ese tema, “por estar ocupados en cierre financiero”.

Por su parte, la Cámara Panameña de Generadores Hidroeléctricos solicitó al gobierno que se rescindan los contratos “zoombies”—así calificados por su presidente— de NG Power. Contratos que, según la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), se traducen en riesgo de sobrecontratación y posible alza en el precio de la luz. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también apuntó que cualquier cesión debe ser aprobada por Asep, como dice la ley.

Por la mención de la estadounidense AES en la transacción, Barlett alertó a la SEC de Estados Unidos sobre el peligro “y la complicidad” en que incurriría de concretarse su participación, citando el rosario de irregularidades que carga el proyecto de NG Power desde su concepción y los escándalos en que se han visto envueltos algunos de sus socios en el pasado. Barlett también advirtió posibles demandas por faltas a la ética y por la posición dominante de AES en el mercado, lo que la ley panameña prohíbe en la teoría. Además de la carga que podría imponer dicho escenario en el bolsillo de los consumidores finales. Poco después, Grupo Bahía vendió sus acciones a AES, retirándose así del mercado energético panameño.

Otro enigma que rodea la cesión es que el presidente Cortizo la anunció el mismo día que confirmó que el Estado panameño compraría la participación del 49% que tiene AES en la reserva hidroeléctrica de Bayano, algo que estaban negociando el gobierno y AES desde hace más de un año para suplir la demanda adicional de agua del Canal ampliado. De esta transacción tampoco se conocen detalles, excepto los riesgos listados en el prospecto de deuda corporativa de 1,400 millones de dólares que emitió AES en la bolsa panameña en agosto de 2020.

Para Barlett, “todo tiene una apariencia de que hay algo que no se quiere decir”. Bernal, por su parte, considera que si el gobierno llega a brindar garantías soberanas para conseguir el financiamiento de un proyecto privado, “estará violando normas legales del mercado eléctrico”.

Para Barlett, “todo tiene una apariencia de que hay algo que no se quiere decir”. Bernal, por su parte, considera que si el gobierno llega a brindar garantías soberanas para conseguir el financiamiento de un proyecto privado, “estará violando normas legales del mercado eléctrico”.

El abogado de NG Power, Alejandro Watson, quien se ha pronunciado en nombre de la empresa anteriormente, no respondió a reiterados correos y llamadas que se hicieron a su oficina para obtener la versión de Dapelo y de NG Power. Mientras tanto, Alemán indicó a través de su asistente que no daría declaraciones. La ASEP tampoco contestó.

Pero la historia no termina ahí. La primera sociedad que inscribió Dapelo justo dos meses después de que Martinelli llegara al poder, LNG Group, recibió en noviembre de 2020 una concesión para construir y operar un muelle tanquero contiguo al área concesionada al mismo grupo para el proyecto.

El caso de NG Power sigue entonces en suspenso, a la espera de nuevos giros. Entre tanto, deja lecciones. “Demuestra, dice Hughes, que como reza el proverbio “cuando los elefantes se pelean, quien sufre es la hierba”. Eso le suena a Alejandro, un hombre que vive a unos 80 km de Ciudad de Panamá en una de las barriadas de la periferia, y quien se queja, como muchos otros panameños, de los constantes apagones y de que la cuenta de luz no baja. Aunque el problema para él y millones de personas puede ir más allá, porque, como afirma Bernal, “quizás en 2023 tengamos que salir nuevamente a contratar energía porque alguna de las plantas no está lista”.

Este es un trabajo de Rekha Chandiramani para Con las manos en la data y CONNECTAS con el apoyo de International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.