Piden respeto a formas de castigo ancestral en comarca Ngäbe-Buglé

Los directivos de la dirigencia tradicional de masas del Congreso Ngäbe-Buglé, exigieron respeto a las decisiones adoptadas por la mayoría de la población indígena, especialmente en sus métodos ancestrales de castigo y aseguran que forman parte de su cultura y adecentamiento social en comunidad.

En los últimos días, el cacique regional Rogelio Moreno y el Presidente del Congreso General, Nemesio Cases, han sido llevados al “Cepo”, método de castigo ancestral, que consiste en dos tablones pesados de madera, con un orificio en uno de ellos, donde se colocan las extremidades de los castigados, causando dolores insoportables.

Eugenio Marcucci, dirigente indígena tradicional, afirma que se trata de decisiones que adopta la propia comunidad, con la participación de sus dirigentes, debido a los actos de corrupción o por acciones lesivas a la población o a los recursos de la madre tierra.

“No puede haber fueros ni privilegios y castigar unos y a otros no, de allí que otros dirigentes, como la cacique general Silvia Carrera, así como los otros caciques como Chito Gallardo o Jeremías Montero, pueden ser también castigados en el ‘Cepo’ por la población”, dijo Marcucci.

Bernardo Sittón, asesor de la dirigencia tradicional indígena, descartó que se trate de acciones ilegales, porque el propio Código de Procedimiento Legal lo acepta como método alterno de castigo cultural, ancestral indígena.

Resaltó que tocar otros aspectos que tiene que ver con los derechos humanos o de privación de libertad, en la aplicación del castigo, son otros aspectos que se deben analizar en otros escenarios, fuera de la jurisdicción cultural comarcal.

Indígenas de Nole Duima, encabezados por el cacique local de esta comunidad, decidieron aplicar la ley del "cepo" a los directivos y caciques, así como al propio alcalde de este distrito, Jeremías Atencio, luego de que estos firmaran un documento de intención, para la exploración y explotación de recursos naturales en la Comarca, convenio que la población rechazó por considerar que no se les tomó en cuenta.

Más temprano el viceministro de Asuntos Indígenas, Feliciano Jiménez aseguró que el uso de este mecanismo está prohibido.

De acuerdo con el funcionario, la acción realizada por este grupo de personas es “al margen de la ley”.