Odebrecht ha hecho de las coimas y sobornos su 'modus operandi', afirma Bernal

Las medidas tomadas por el Gobierno sobre el futuro de la constructora Odebrecht en Panamá “no se ajustan a la necesidad de las cosas que se están produciendo”, así lo advirtió vía telefónica este miércoles 28 de diciembre el abogado internacionalista Miguel Antonio Bernal.

La noche del martes el Gobierno de Panamá hizo un pronunciamiento al país, donde informó que el grupo Odebrecht deberá resarcir al Estado por los perjuicios causados y desistir del proceso de precalificación de la licitación para el diseño y construcción del cuarto puente sobre el canal y la Línea 3 del Metro.

El comunicado también señala que la constructora brasileña deberá aceptar su culpabilidad de los actos de corrupción, relacionados con el pago de sobornos, y colaborar "ampliamente y sin limitaciones" para que el Ministerio Público (MP) pueda encausar a los responsables.

“Desde la llegada de Odebrecht a Panamá, que todavía está aquí, el Estado casi le ha dado visa permanente para que siga haciendo de las suyas”, recalcó el abogado internacionalista.

Según Bernal, no se anuncian las medidas que la población está esperando. “Decirnos que no se pueden parar las obras no es cierto, porque la Convención Interamericana y la Convención Mundial contra la Corrupción, que son ley de la República desde 2005, autoriza al Estado panameño a tomar medidas de toda naturaleza”, argumentó.

Agregó que en países como Colombia, Ecuador, República Dominicana y Guatemala, se allanaron las oficinas de Odebrecht desde el primer momento y en Panamá “no se han llevado a cabo las diligencias”.

El ministro de la Presidencia Álvaro Alemán dijo en su momento que la participación futura de la empresa “requerirá de un informe de cada entidad con la que existan obras en ejecución sobre su cumplimiento de los términos contratados, el cual deberá ser avalado por la Contraloría General de la República”.

En tanto, Bernal indicó que el Gobierno debió aplicar la ley existente y pedir la cooperación internacional, porque Panamá “no está en capacidad de hacer frente a esta "megaempresa criminal" que trabajó con bancos locales con funcionarios de tres gobiernos y que ha hecho de la coima y el soborno su modus operandi desde el primer momento”.

Recomendó que se investigue desde que la empresa llegó al país hasta la fecha y que se detengan todas sus actividades en Panamá.

Bernal manifestó que la población tiene que exigir que se cumpla la ley porque ese dinero es del país.

Según el jurista, Odebrecht tiene en sus manos el 46% del presupuesto del país y la Contraloría General de la República es "cómplice por refrendar los actos".

Instó el apoyo ciudadano al Ministerio Público con una comisión internacional contra la corrupción, porque Panamá tienen derecho a pedirla y crear seis fiscalías especiales (2 para el Gobierno de Martín Torrijos, 2 para el de Martinelli y 2 para el de Juan Carlos Varela).