Lo que pide Minera Panamá que no es aceptado por el Gobierno

Ciudad de Panamá, Panamá/El conflicto entre Minera Panamá y el Gobierno, pese a que han manifestado sus deseos de llegar a buenos términos en las negociaciones, aún existen diferencias entre ambas partes como regalías, deducciones por agotamiento, alcance de la servidumbre, ITBMS, entre otras que impiden llegar a un acuerdo.

Ebrahim Asvat, representante legal del Gobierno, explicó que el Estado esperaba recibir un mínimo de 375 millones de dólares siempre y cuando el precio del cobre esté por encima de 2.75 dólares y la empresa estuviera extrayendo por encima de una cantidad de toneladas métricas establecidas, sin embargo, la empresa Minera Panamá dijo que, de acuerdo a su régimen tributario quería que se le otorgara créditos fiscales por la inversión, los que eran aplicados a los 375 millones de dólares, lo que significa que el Estado no los recibiría, porque el hecho de la devolución de créditos fiscales no se recibe el dinero.

“La empresa dice, bueno esos créditos fiscales es como si te hubiese pagado de vuelta esos 375 millones de dólares, así que considéralo como pago. Decimos ‘no’ porque cuando se habló de los 375 millones era en dinero”, expresó.

Asvat también dio detalles sobre la terminación del contrato por incumplimiento sustancial, ejemplificando la causa de un daño ecológico grave que impide que el Estado pueda sostener la concesión, pero la empresa dice, que, si el Estado termina el contrato, pese al incumplimiento, hay que pagar el 85% de inversión, algo con lo que no están de acuerdo, ya que, sería pagar la inversión pese al incumplimiento.

Sobre la falta de información que han dado a conocer, Asvat indicó que al no tenerse nada en firme no se podía comunicar a la población qué era lo que estaba sucediendo.

“La empresa, básicamente lo que ha estado es tratando de buscar la fórmula en donde no garantice al país los 375 millones de dólares usando créditos fiscales, usando deducciones por agotamiento de la mina que es un derecho que no tiene ninguna empresa de ningún país del mundo, porque siempre se considera que el subsuelo es del Estado”, dijo el abogado.

Señaló que con lo anterior no se garantiza el pago de 375 millones de dólares.

Explicó que, ante el estancamiento de las negociaciones, el Estado se vio en la necesidad, para acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, solicitar un plan de cuido y mantenimiento para que la empresa vaya desacelerando el proceso de parar la mina.

En cuanto al alcance de las servidumbres, Asvat detalló que la empresa reclama áreas adicionales fuera de su concesión para crear una zona de distención entre sus operaciones y cualquier tipo de actividad que se puede desarrollar en las áreas colindantes.

El Estado, considerando que el puerto y la planta generadora de electricidad está fuera de la concesión, se podría otorgar a la empresa algunas áreas territoriales fuera de la concesión como área de uso o servidumbre. 

Destacó que el objetivo principal del Estado es recibir el mínimo de 375 millones de dólares por el cobre. Pero, sobre los otros minerales, Asvat, dijo que son minerales accesorios incorporados al mineral principal que se extrae.

No obstante, si la empresa quiere extraer directamente otro de los minerales que son accesorios como el oro, molibdeno o plata, habría que hacerse otro contrato, pero mientras sea accesorio está dentro del contrato.