Pesquisas y acciones contra Odebrecht han sido tardías, señalan en programa Radar

El mayor escándalo de corrupción que ha sacudido a diferentes países de la región, en el que la empresa brasileña Odebrecht pagó 59 millones de dólares a funcionarios panameños para adjudicarse proyectos, se mantiene en la palestra y este domingo fue analizado por un grupo de expertos en el programa Radar.

El diputado José Antonio Domínguez, recalca que el tema lo ha inquietado desde que se realizó la licitación de la primera etapa de la Cinta Costera, en el año 2007. En ese entonces, asegura que habló con compañías constructoras que desarrollaban proyectos similares y concordaron con que el precio con el que se licitó esa etapa, de 133 millones de dólares era el correcto, pero no se lo ganó la empresa correcta.

Domínguez cree que la reacción del Ministerio Público, el Ejecutivo y demás autoridades ha surgido un poco tarde, ya que los rumores sobre el entramado de corrupción de parte de la empresa Odebrecht, circulaban por todo el mundo.

El proyecto se lo adjudicó Odebrecht con un aumento de 60 millones de dólares.

Insiste que su mayor preocupación es que todas las irregularidades cometidas por Odebrecht no se pudieron haber dado sin la complicidad de grandes funcionarios, quienes deben ser llamados a rendir indagatoria por haber dejado pasar “semejante escándalo”.

Para el abogado Carlos Barsallo, la reacción que ha tenido la sociedad panameña ante la magnitud del hecho, ha sido la más lógica y se está viviendo una situación de derecho comparado, ya que como las irregularidades se dieron en muchos países al mismo tiempo, todas las sociedades se están comparando cómo reaccionan y de manera muy rápida.

Lo anterior supone que los panameños vieron como reaccionaban otras sociedades y no quisieron quedarse atrás, por lo que salieron a manifestar sus sentimientos de hastío y cansancio en cuanto a impunidad y corrupción se refiere.

Destaca que siempre ha habido temas de corrupción, pero el que se vive actualmente [Odebrecht], tiene una particularidad diferente, ya que la información viene de afuera, mediante distintas vías, lo que provoca reacciones y según el abogado, es excelente lo que está pasando para analizar las acciones que se toman, además porque a las futuras generaciones se le tiene que responder sobre lo que se hizo.

En tanto, el dirigente político, Olimpo Sáez, sostiene que el deseo que se mantiene es que se castigue a los responsables de los actos de corrupción, sin importar si se trata de alguien de apellido o no, con fortuna o sin fortuna y que aún está por verse si es que ha llegado el fin de la impunidad.

Recalca que el Estado debe tener la capacidad de sustituir a la empresa Odebrecht sin que la obra se afecte.

También mencionó que la empresa Odebrecht debe devolver el dinero de los sobornos, porque es dinero que no les pertenece a ellos, sino a los panameños y señala que al Ministerio Público no solo le corresponde investigar y castigar, sino también recuperar, porque se trata de una gran suma de dinero.

Sáez asegura que la marcha lo que provocó fue la reacción de la población, que según él, “estaban esperando el movimiento como ese para reaccionar”.

En representación del Ejecutivo, el ministro de Desarrollo Social, Alcibíades Vásquez, reiteró que desde el primer día han dicho que están en contra de la corrupción y han mantenido la postura de querer combatirla y para ello invitó se han incluidos sectores independientes a la clase política.

También destacó que como parte de ese combate a los actos de corrupción, se han hecho las denuncias, respetando la separación de poderes.

El funcionario felicitó a los organizadores de la marcha y asegura que desde el Ejecutivo respetan todas las expresiones.

Vásquez defendió de manera enfática el hecho de que se le hayan adjudicado los dos principales proyectos de infraestructura de la administración actual que son el la Línea 2 del Metro y el proyecto de Renovación Urbana de Colón, a Odebrecht, ya que ambos procesos de licitación se hicieron cumpliendo con lo que establece la Ley de Contrataciones Públicas.

Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, afirma que aunque le gusta pensar en positivo sobre todas las cosas, es realista y dice que aunque se tomen acciones nunca será suficiente, porque los problemas que se afrontan exigen cada vez más.

Destaca que una vez se determina que se ha cometido una irregularidad en alguna institución, quienes estén al frente deben hacerse parte en el proceso, siempre que sientan que se ha afectado el patrimonio de la entidad que representan y deben buscar la manera de resarcir lo que se ha afectado.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, (CCIAP), Jorge García Icaza, recalcó que la decisión de expulsar a la empresa Odebrecht del gremio, envía un mensaje claro al país de que son serios y una vez se supo la información se tomó la decisión.

Según el presidente del gremio empresarial, se tienen que buscar los mecanismos para canalizar la frustración y la rabia en cosas positivas y se necesita el establecimiento de un sistema de “delación premiada”, porque es una herramienta que le permite a la Procuradora llegar a acuerdos más rápidos, para que los peces chicos canten y den prueba para llegar a los peces grandes.

Asegura que es necesaria la aprobación de la Ley de Contrataciones Públicas, a pesar de que no tiene todas las cosas que se quieren.

Los participantes coincidieron en que las auditorías que realice la Contraloría General de la República son muy importantes y según el procurador de la administración son muy importantes.

El presidente de la CCIAP, Jorge García sostiene que se debe tener mucho cuidado con este tema y no se debe demonizar a las entidades que sean mencionadas y en ese sentido crees que es conveniente saber si las entidades bancarias reportaron a la Unidad de Análisis Financiera (UAF).

Y agrega que también sería conveniente sacar la UAF del paraguas de la Presidencia de la República.