Noticiero Estelar
En vivo![Noticiero Estelar](https://static.tvn-2.com/clip/8c67112a-0851-4232-a158-a86d68062de7_source-aspect-ratio_default_0.jpeg)
Ciudad de Panamá/Cinco nuevos juzgados ejecutores de pensión alimenticia fueron implementados en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Chiriquí.
La instalación de las nuevas instancias judiciales fue aprobado mediante el Acuerdo N° 348-2024 del Órgano Judicial, publicado en Gaceta Oficial el martes 23 de julio.
La implementación de estos juzgados ejecutores se da luego que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidido por la magistrada María Eugenia López, se reuniera el pasado 24 de junio del presente año, y aprobara la instauración de las nuevas dependencias judiciales. El primer juzgado en materia de Ejecución de Pensión Alimenticia de Niñez y Adolescencia fue inaugurado a finales de mayo de 2024, en el cuarto distrito judicial, comprendido por las provincias de Herrera y Los Santos.
Le puede interesar: Asociaciones de colegios particulares se pronuncian por fallo de la Corte Suprema de Justicia
Los cinco nuevos juzgados de ejecución de pensión alimenticia, en la jurisdicción de Familia, en atención a la división territorial en lo judicial, son:
De acuerdo con el Órgano Judicial, esta decisión se toma ante el aumento de casos en la jurisdicción de Familia en el incumplimiento de pensiones alimenticias en las provincias de Chiriquí, Colón, Panamá Oeste y Panamá.
Los nuevos juzgados ejecutores estarán encargado de resolver el incumplimiento del no pago de las pensiones alimentaciones, para asegurar que se logre el cumplimiento, el mismo cuenta con una serie de facultades descritas en la ley general de pensiones de 2012.
Según lo explicado por Digna Rodríguez, jueza de Ejecución de Pensión Alimenticia del cuarto distrito judicial, si alguien no paga en el término establecido, se pueden ejecutar amplias medidas a través de la figura de un alguacil, que no solo es el apremio corporal, sino también comprende el secuestro especial de bienes, suspensión de licencias e impedimento para contratar cualquier tipo de servicio con el Estado, entre otras medidas.