Pago de prima antigüedad a funcionarios, ¿En qué etapa está el proyecto?

La Coordinadora de Sindicatos de Sector Público manifestó su apoyo al diputado Leandro Ávila de enviar al Ejecutivo el proyecto 726, que establece el pago de prima de antigüedad a funcionarios a través de certificados negociables (Cepadem), para que sea aprobado por insistencia.

La prima de antigüedad fue modificada y aprobada por el Ejecutivo a través de la Ley 241 de 13 de octubre de 2021.

En un comunicado, la coordinadora aclaró que este mecanismo de pago es para hacerle frente a miles de extrabajadores, que, en la actualidad han sido destituidos, y que hoy se encuentran desempleados, jubilados retirados y jubilados activos que quieren acogerse al retiro.

Aseguran que con este pago el Estado reduce la planilla y hace justicia a los humildes trabajadores y extrabajadores.

Aldo Despaigne, secretario general del Sindicato del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que los extrabajadores se verían beneficiados con los certificados negociables, mientras que aquellos que sean destituidos recibirían la prima de antigüedad en efectivo, asegurando que son más de 20,000 funcionarios, y con esto se ayudaría a que no se destituyan a los que aún tienen vida laboral.

Mientras que, Enrique Montenegro de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) señaló estar en desacuerdo con el pago a través de Cepadem, alegando que siempre el funcionario es tratado con los pies.

“Estamos en desacuerdo con esto, creemos que se puede pagar en efectivo. Si tenemos un presupuesto de 27 mil millones de dólares aquí se pueden pagar a los trabajadores, a los extrabajadores y a los que se quieren retirar porque ya están cansados de tantos problemas”, expresó.

El diputado Ávila manifestó que la propuesta de la Asamblea no amarra al gobierno, sino que le da alternativas porque hay instituciones que pueden asumir el pago, pero otras tantas no cuentan con los fondos.

La coordinadora señaló que, que aquellas instituciones, autónomas, semiautónomas y otras, que cuenten con los recursos financieros deberán hacerle frente a los compromisos con sus trabajadores.

Más de 23,000 funcionarios serían destituidos para cumplir con la medida de reducir la planilla en un 10%