¿Qué ha pasado con el proyecto de Ley de Extinción de Dominio?

El proyecto de Ley de Extinción de Dominio parece que se empieza a convertir en uno de los tantos que están en la Asamblea Nacional estancados, sin que su debate avance a la aprobación, debido a detalles que no convencen a los inquilinos del Palacio Legislativo.

Se ha dicho que una de las causas por las que no se avanza con esta iniciativa es el amplio catálogo de delitos que contempla, que incluye todos los presentes en el código judicial.

Sin embargo, Jonathan Riggs, secretario del Ministerio de Seguridad, indicó que lo que se ha dicho no es tan cierto, pues en diferentes foros, y en las subcomisiones creadas se promovió la discusión e incorporación de recomendaciones, en aras de mejorar el proyecto de ley.

Entonces, el tema del catálogo de delito surge de aquellos que reclamaban que se incorporara al proyecto de ley, solo algunos tipos penales, pero el Ministerio de Seguridad en su lucha contra la delincuencia recomienda que se incluyan todos los tipos penales, ya que, lo que nace ilícitamente no puede gozar de legitimidad ni protección constitucional.

Recalcó que, dentro de las modificaciones promovidas por las personas, se incorporó el terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, secuestro, robo, lavado de activos y aquellos que generan ingresos de manera ilegal.

Riggs señaló que la discusión de este proyecto se ha dilatado, siendo necesario para complementar la persecución criminal y que mejor herramienta que quitarle a quienes han hecho del delito su forma de vida el dinero que no goza de protección constitucional.

“Procuramos que se incorpore la extinción de dominio como un mecanismo complementario a la persecución criminal, porque quitarle los recursos económicos es necesario para debilitar el musculo financiero que promueve la corrupción, la inestabilidad social y el desequilibrio en la sociedad”, expresó el funcionario.

Negó que este instrumento se trate de persecución política, pues se debe procurar que haya certeza del castigo, y aunque la ley puede ser mal utilizada, se debe garantizar que existan las personas idóneas en la administración de justicia.

Destacó que esta no es una imposición del ministro Juan Manuel Pino y su equipo de trabajo, sino el interés que tienen todos los panameños de tener un país más seguro.

Concluyó diciendo que seguirán promoviendo el debate para generar un consenso que han servido de base para lograr un documento que ya tiene modificaciones que deben ser discutidas en primer debate.