Avanza a primer debate iniciativa que impide el secuestro de bienes a medios y a denunciantes de corrupción

Panamá/En medio de las quejas de algunos diputados de que el anteproyecto de ley 94, por el cual se impide el secuestro de bienes a medios de comunicación y a denunciantes de corrupción, estaría violando la Constitución; la propuesta fue prohijada.

Uno de los que se quejó de que la moción debería morir en su cuna fue el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho.

El político aseguró que él está a favor de la "libertad de expresión, pero no del libertinaje". Además, señaló que en el país no existe una concienciación sobre el derecho a réplica. “El derecho a réplica es casi inexistente en este país”, dijo.

Otro que cuestionó la iniciativa, impulsada por el diputado del Movimiento Otro Camino, Ernesto Cedeño, fue su colega también de RM, Ariel Vallarino.

Planteó que “este proyecto genera más riesgos que beneficios, porque el sistema judicial requiere mecanismos que protejan tanto a los denunciantes como a los afectados, pero no a costa de desproteger los derechos patrimoniales y procesales de otros actores".

Advirtió que eliminar por completo la aplicación de medidas cautelares de secuestro de bienes en caso de denuncias de corrupción o arbitrariedades puede generar algunos problemas y se abre la puerta a que personas o entidades hagan denuncias falsas o infundadas sin temor a repercusiones. Genera desequilibrio procesal y percepción de impunidad.

“El proyecto entra en conflicto con la Constitución”, precisó.

Por su parte, el diputado de la bancada de Vamos, Roberto Zúñiga, indicó que la propuesta “jurídicamente era viable” y pidió que fuese discutida en primer debate.

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La iniciativa fue acogida por la Comisión, luego de obtener cinco votos a favor, tres en contra y una abstención.

La propuesta, que intenta modificar el Código Judicial, prohíbe decretar el secuestro de bienes en los siguientes casos: a las personas que denuncian actos de corrupción, arbitrariedades o violaciones de leyes según lo dispuesto por la Constitución, así como a los activos y bienes de los medios de comunicación social. También establece una modificación al artículo 331 del Código Procesal Civil, que entrará en vigencia en 2025, en términos similares.

Reporteros Sin Fronteras, en su más reciente clasificación sobre la situación de la libertad de prensa en 180 países, advirtió sobre las presiones políticas que enfrentan los reporteros en Panamá, lo que se refleja en el aumento de litigios en curso.

De acuerdo al informe, aquellos que están especialmente en el "centro de atención de la justicia" son los periodistas panameños críticos con las políticas del gobierno y aquellos que informan sobre casos de corrupción, particularmente los escándalos financieros internacionales.