Panameños buscan blindar la justicia para frenar delitos de corrupción

Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados.
Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. / Redes sociales
Efe
08 de octubre 2017 - 09:57

Ante un panorama de impunidad por las investigaciones de delitos de corrupción contra la administración pública panameña, un proyecto presentado por ciudadanos propone modificar un artículo del Código Procesal Penal, que busca incluir la imprescriptibilidad de la acción penal.

"El sistema de aplicación de justicia panameño está cuestionado, no se siente que señalados o investigados por casos de corrupción sean llevados ante la ley, aún al conocerse que estos han atentado contra los derechos humanos de las personas que conforman el Estado", dijo a Acan-Efe Juan Vásquez, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua.

Vásquez, parte de un grupo que expuso recientemente ante la subcomisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento) el proyecto de ley 514, que modifica el artículo 116 para que no prescriban los delitos de corrupción, señaló que el fin es que estos sean investigados, sin importar el tiempo que haya transcurrido.

"La sociedad solamente quiere saber si alguien se metió con los fondos del Estado, porque ellos son los responsables de la existencia de las escuelas ranchos y la falta de medicina en los centros de salud del país", reclamó.

Dicha propuesta agrega que no prescribirá la acción penal cuando se trate de delitos de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de deberes de servidores públicos y fraude en actos de contratación pública del Título X del Código Penal.

"Hay un sentimiento de impunidad entre la sociedad panameña, lo que hemos resuelto es buscar mecanismos legales para asegurar que las personas sean llevadas a la justicia, esto permitirá acabar con el blindaje que tienen los servidores públicos una vez salen del Gobierno", señaló el también miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia.

Explicó que si un funcionario comete un delito de corrupción, desde el primer día de sus funciones, su plazo de prescripción empieza a correr, en algunos casos la pena tiene una condena de hasta cinco años, y cuando salen del Gobierno la persecución del delito ya se ha extinguido.

En cuanto a la acogida de la propuesta, Vásquez comentó que al presentar el contenido, varios diputados del Parlamento se mostraron distantes, inclusive catalogaron de inconstitucional la idea para poder retrasar su debate y aprobación.

"Hay grupos que han dicho que el anteproyecto no tiene sentido, esto se puede deber al miedo que tienen, ya que serían los primeros objetivos que la ley tocaría una vez culmine el mandato de este Gobierno", manifestó.

El Ministerio Público (MP) dijo está semana durante el primer debate de consulta del proyecto, que no existe nada que vede la posibilidad de incluir en la legislación un tema de imprescriptibilidad.

Mientras que el presidente de la subcomisión encargada de discutir el proyecto y diputado, Quibian Panay, enfatizó que se ampliarán todos los planteamientos para luego proceder a la redacción del informe que se remitirá propiamente a la Comisión de Gobierno para que determine la viabilidad.

Para evidenciar la situación, Vásquez citó como ejemplo que en el 2016 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dictaminó la prescripción de una acción penal presentada contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de tierras, apología del delito y abuso de autoridad relacionada con una presunta ocupación en 2012 de tierras en la comunidad de Pixvae, Bahía Honda, sur de la provincia de Veraguas.

Martinelli, detenido desde el pasado 12 de junio en Miami, tiene un proceso de extradición a Panamá por presuntamente ordenar la interceptación de las comunicaciones a unas 150 personas.

"Si un funcionario sale de su cargo como lo hizo Martinelli, y se va del país, puede esperar que la acción prescriba, pero con el proyecto aprobado apenas vuelva al territorio donde es señalado, podría ser imputado", dijo Vásquez.

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