Panameños reaccionan por escándalo que vincula a Mossack Fonseca

Luego de destaparse el escándalo internacional conocido como “The Panama Papers” y que vincula a la firma de abogados Mossack Fonseca al supuesto desvío de dinero a políticos y personalidades de diferentes países del mundo, los panameños no han tardado en reaccionar.

La diputada independiente y exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez, dijo este lunes 4 de abril en Noticias AM, que en Panamá, la ley 27 de 1932 establece que es legal crear sociedades.

“La ley de sociedades anónimas ha sido un instrumento o una forma a través de la cual Panamá ha ofrecido servicios al mundo. La economía de Panamá está sustentada en el sector servicio. Más del 80% de nuestro sistema se sustenta en el sector servicio y uno de ellos es el bancario y financiero, que también se da a través de la creación de sociedades”, recalcó.

Para la diputada, lo que está pasando con la firma Mossack Fonseca, “si es que la creación de sociedades es lo que vamos a cuestionar, tendremos que entrar a cuestionar el sistema, porque el modelo país-competitividad es lo que tendríamos que analizar si llegó a un nivel de agotamiento”.

Reiteró que el mundo cambio desde que el sistema financiero ha sido penetrado por actividades ilícitas que se aprovechan de acciones lícitas para circular dinero y actividades que producen crimen organizado, delincuencia y terrorismo”.

“Panamá no es un paraíso fiscal, el sector financiero está regulado. Pero lo que hagan las personas que compran sociedades anónimas con ellas, a eso hay que ponerle atención”, destacó Gómez.

Según la diputada, se puede buscar información a través de dos vías. Primero, por la debida diligencia antes de vender y la otra sería que una vez que se da una acción delictiva y se ha usado una sociedad, entonces que la firma o la empresa que haya vendido o creado la sociedad haya cumplido con guardar los registros y la información para suministrarla al ente que está investigando.

Gómez indicó que es imposible que el Ministerio Público (MP) enfrente una investigación de esta magnitud, sería “desgastarlo”, porque lo que investiga el MP son delitos y "crear sociedades no es un delito". Por tanto habrá que esperar cuáles delitos se hayan cometidos o se estén investigando en otros países para que Panamá otorgue su asistencia. “por lo que estoy casi segura que la mayoría se cometieron fuera del territorio nacional”, recalcó.

Otras reacciones

En un panel realizado en Noticias AM, Maruquel Pabón coordinadora del equipo de trabajo de la plataforma de servicios financieros de Panamá, adscrita a la Cancillería de la República; Annette Planells del Movimiento Independiente (Movin) y Juan Carlos Arauz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), plantearon el escenario de dicho caso.

Para Pabón, lo primero que hay que entender es que hay una situación en que se ha hablado de Panamá, pero “es sólo uno de los eslabones de la cadena en la que están involucradas 26 jurisdicciones”.

“Creo que se ha tratado de marcar a Panamá porque aquí se encuentra la firma de abogados [Mossack Fonseca]. Sin embargo es una firma que tiene oficinas en muchas jurisdicciones donde hay reguladores”, destacó.

Pabón indicó que se dicen algunas cosas que “no son ciertas”. Explicó que las “sociedades no se crean únicamente para lavar dinero o trabajar con paraísos fiscales”.

Acotó que “Panamá no es un paraíso fiscal por más que quieran decirlo”.

En tanto, Arauz dijo que Panamá tiene un sistema donde la creación de las sociedades anónimas tiene un antecedente de 1927 y ha evolucionado al punto que todos los abogados cuando constituyen empresas deben cumplir una serie de procedimientos para conocer los titulares, o para quién se constituye dicha empresa.

Puntualizó el jurista que los abogados “tampoco escapan a las distintas modalidades delictivas en las cuales pueden ser vulnerables al momento en que se presta el servicio de constituir las empresas”.

Agregó que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se mantiene un registro donde están los nombres de los abogados con los números de las sociedades y acciones que se encuentran al portador en ese momento. “El problema no es constituir una sociedad anónima, se trata puntualmente de que quien contrata el servicio y adquiere este producto debe ser responsable de su estatuto individual y las regulaciones particulares en su país de origen que le exigen comunicar y reportar a su Estado sus ingresos o distintas entidades”.

Mientras, Planells dijo que aún los panameños no han terminado de dimensionar el impacto que este escándalo va a tener para el país y para la firma Mossack Fonseca.

Según Planells urge investigar y aplicar el peso de la ley a la firma para ver si violó algunas de las leyes nacionales, por lo que es importante que el Ministerio Público cuente con los recursos.

“Como país nosotros tenemos que enfrentar esta crisis con una estrategia de comunicaciones liderada por el Órgano Ejecutivo, en la que debería participar la mayor cantidad de entidades, como Cámara de Comercio y el CNA, porque la consecuencia de que este escándalo se llame Panama Papers nos va a afectar a todos y cada uno de los panameños” recalcó.

Además, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) se pronunció por este escándalo, al que catalogó como una denuncia de los medios internacionales que afecta al país, debido a que hace unos meses Panamá salió de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

El gremio solicitó a los panameños a defender la leyes, la jurisdicción y el sistema financiero, "principalmente porque se ha trabajado mucho en fortalecerlo, mediante adopción de acuerdos internacionales".