Gobierno: Corresponde al Legislativo atender opiniones por anteproyecto de ley de periodismo
Luego de la presentación del informe de Panamá sobre la libertad de prensa e información que se sustentó este domingo, 4 de octubre, en la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Gobierno informó que le corresponde al Legislativo atender las opiniones y preocupaciones que generen las distintas iniciativas que se presenten en ese Órgano del Estado.
A través de un comunicado emitido por el secretario de Comunicación del Estado, Manuel Domínguez, se detalla que desde su inicio la administración del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez ha mostrado con el ejemplo su compromiso con las libertades de prensa y expresión.
Hoy se cuestionó duramente la iniciativa que fue presentada por el diputado suplente panameñista, Juan Bautista Moya, quien propone regular el ejercicio del periodismo y de los reporteros gráficos del país porque según la delegación panameña en la SIP, viola la libertad de prensa.
"El Gobierno ha dado sobradas muestras de absoluto respeto a la libertad de expresión e información, y así fue reconocido durante la última Asamblea de la SIP en marzo de este año, en la que el mandatario firmó la Declaración de Chapultepec sellando el compromiso de su administración con los principios allí consagrados, los cuales son indispensables para la gobernabilidad democrática", se agrega en el comunicado divulgado por Domínguez.
Además, informa el escrito que el Gobierno ha llevado ante los tribunales situaciones violatorias a los derechos humanos por la pasada Administración como el sistemático espionaje a periodistas, dirigentes políticos y de la sociedad civil; también ha denunciado casos de corrupción que están siendo investigados en la actualidad.
Panamá se encuentra en un absoluto clima de respeto democrático y convivencia en el que cada ciudadano puede expresar sin temor su opinión y además presentar cualquier situación ante las autoridades de Justicia, que ahora operan con absoluta independencia, concluye la nota.
Las críticas surgidas van dirigidas al anteproyecto de ley 015, que establece prohibiciones para que extranjeros ejerzan periodismo en Panamá, penas de cárcel para quienes lo hagan de forma ilegal, la creación de una “Comisión Técnica Académica de Periodismo (CTAP)” que busca la “acreditación profesional”, que permita el ejercicio de esta profesión a “los profesionales del periodismo panameño” y para una “acreditación profesional transitoria”, de los profesionales extranjeros”, por espacio de un año, “con derecho a una sola prórroga por igual tiempo de un año”, la constitución de un “Tribunal Disciplinario”, cuyas funciones se basarían en la aplicación de sanciones contempladas en el Código de Ética, entre ellas la “suspensión de la acreditación profesional”, entre otros aspectos.