Ampliación de la avenida Omar Torrijos enfrenta su cuarta acción legal

El proyecto de ampliación de la avenida Omar Torrijos en las áreas revertidas enfrenta su cuarta acción legal por presunta violación a las leyes ambientales. Grupos organizados de la sociedad y autoridades municipales exigen su paralización.

Esta sería la cuarta acción legal en contra funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), entidades responsables del proyecto.

Y es que según el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), se violaron leyes y procedimientos para la ampliación de la avenida en las áreas revertidas.

"El pliego de cargos era un documento de más de 600 páginas y en ningún punto se menciona siquiera la existencia del Parque Nacional Camino de Cruces. Ciertamente, sí se contemplaba la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, pero no se le exigió al contratista ni se plasmaron diseños alternativos para tratar de prevenir daños", comentó la abogada de Ciam, María Gabriella Dutari, a TVN Noticias.

El proyecto de desarrollo vial, según datos técnicos del MOP, impacta unas 13 hectáreas del Parque Nacional Camino de Cruces, devastando áreas protegidas del corregimiento de Ancón.

"El consultor ambiental que hace el estudio y el promotor son los que le proponen la categoría ambiental del estudio, pero el MiAmbiente es quien lo aprueba. Ellos debieron haber exigido categoría III, por consiguiente es responsabilidad del MiAmbiente", comentó el exsecretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, a este medio.

Organizaciones de la sociedad civil, incluso el propio municipio, reiteran que el MOP en ningún momento consideró el parque nacional cuando ideó el proyecto. Sin embargo, el daño está hecho.

"Es que se suspendieran las obras tal cual están planteadas, se rediseñe, se hagan las consultas necesarias con todos los actores y se plantee entonces una ampliación prudente y moderada, considerando que ya la vía del Puente de las Américas también se está ampliado a gran escala y esta puede ser una vía que complementa", argumentó la vicealcaldesa capitalina, Raisa Banfield.

La denuncia penal del CIAM se une a los dos amparos de garantías constitucionales presentados por la Fundación Ciudad del Saber y la Asociación de Comunidades del Área del Canal, así como a entidades como el Municipio de Panamá.

El MOP reitera que no harían declaraciones por el momento.