Panamá presentará ante la SIP un informe de casos judiciales contra periodistas
En el desarrollo de la 77ª Asamblea General Virtual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Panamá presentará una serie de casos judiciales que se han registrado contra periodistas en los últimos tiempos.
Y es que, en este período se ha incrementado la utilización de acciones judiciales en contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión, como herramienta de intimidación y para promover la autocensura.
Un informe del país afirma, que también se ha mantenido la falta de acceso a datos sobre el uso de fondos públicos durante la pandemia, en desconocimiento las obligaciones que demanda la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
En agosto, el Ministerio de la Presidencia aprobó la Resolución 71, que declara información de acceso restringido a las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o del vicepresidente. Estos documentos no se podrán divulgar por un periodo de 10 años.
En este período continúan los debates en la Asamblea Nacional sobre las Reformas Electorales presentadas por el Tribunal Electoral en febrero pasado, que, ante el reclamo de gremios periodísticos y protestas ciudadanas, descartó normas que afectaban el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
El 13 de octubre la periodista Castalia Pascual, de TVN Canal 2, denunció que el entonces presidente Ricardo Martinelli la chantajeó en 2012 para que no investigara a sus hijos, ahora presos en Guatemala y pendientes de extradición a EE.UU.
Detalló que uno de sus familiares había sido trasladado desde una granja de rehabilitación de reclusos a un centro penitenciario de máxima seguridad, sin que se supiera su paradero. Dijo que, presionada por Martinelli, quien le expresó "no te metas con mis hijos y yo no me meto con tu familia", ella accedió a no investigar y su familiar fue trasladado de nuevo a la granja de rehabilitación.
El 8 de julio La Prensa publicó una investigación que dejó al descubierto una red de vacunación clandestina. Al día siguiente, la periodista Flor Mizrachi, autora de la investigación, fue amenazada de muerte a través de llamadas anónimas y amenazas en Facebook de secuestro y violación y de que conocían sus movimientos y el de su familia.
El 1 de septiembre, el Ministerio Público imputó al periodista Mauricio Valenzuela, del medio digital Foco Panamá, después de que, a principios de año, la diputada oficialista Zulay Rodríguez lo demandara por "violencia de género", tras publicar sobre el cuestionamiento público a la diputada en su práctica como abogada.
De las 16 denuncias y querellas del expresidente Martinelli contra empresa Corporación La Prensa, sus periodistas y directivos, se cerraron provisionalmente 14 de ellas en las que reclamaba un resarcimiento a su honor por US$ 41 millones. En las dos restantes en proceso, el pedido de indemnización es por US$ $5 millones.
Sigue pendiente desde 2012 el proceso del expresidente Ernesto Pérez Balladares por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor, en contra de cuentas bancarias y activos de La Prensa por más de un millón de dólares.
Las demandas de los funcionarios omiten que las leyes los imposibilitan de querellar penalmente por calumnia e injuria a los medios y periodistas.
En el ámbito civil, la legislación permite que ante un proceso por daños y perjuicios el reclamante –sin que se haya dictado sentencia a su favor– pueda promover el congelamiento de activos de los medios demandados. Los peritos señalan que se deben establecer límites a los montos millonarios por indemnización porque son usados para intimidar y callar a medios y periodistas.
El Ministerio Público remitió a un juzgado el caso "New Business", que investigó -basado en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados- la forma de adquisición del grupo editorial EPASA.
Durante la investigación se recuperaron US$ 9,2 millones en acciones, el 30% de la empresa, que fueron remitidas al Tesoro Nacional para el Estado. Después de cuatro años de investigación se espera un proceso expedito que deslinde responsabilidades y resguarde a ese grupo editorial.
Así como en el resto del continente, los medios panameños se han visto obligados a realizar ajustes para capear la crisis de sostenibilidad acelerada por la pandemia.