Nueva política migratoria genera dudas, niegan que sea otro 'Crisol de Razas'

Los Decretos Ejecutivos No. 167 y No. 168, mediante los cuales se regula a indocumentados en Panamá, será parte de la política migratoria del país. Diversos sectores han cuestionado los mismos debido a similitudes con algunos requisitos del antiguo programa “Crisol de Razas” e incluso califican que premia la “ilegalidad”.

¿Impactan estos nuevos decretos en la economía del país o las plazas de trabajos de los panameños? Estos fueron los principales cuestionamientos que debatieron los panelistas en el programa Radar de este domingo 12 de junio.

El director de Migración, Javier Carrillo, explicó el contenido de los nuevos decretos que se manejarán en la política migratoria panameña.

Según Carillo, el primero de los documentos está dirigido a la comunidad china debido a que una cantidad de nacionales de este país ha ingresado a Panamá de manera irregular, sin visas, sellos de entrada o por un puesto de control, los cuales son requisitos para que éstos puedan optar por la formalización de su estatus migratorio.

Carrillo también explicó el contenido del segundo decreto que calificó como “una regularización general” y que no es como el controvertido programa “Crisol de Razas”. Resaltó que el sistema de éste será por medio de citas, similar al que implementa la Embajada de Estados Unidos.

Las personas que se encuentren de forma ilegal en Panamá, deberán llevar una serie de documentación, explicada en el reglamento de este decreto, para una entrevista que realizará la institución, donde deben probar las razones por las que desean permanecer en el istmo. Además, el requisito principal para las personas interesadas en aplicar, es que tengan más de un año en el país.

El director de Migración resaltó que con estos decretos no se busca generar ingresos sino fomentar la legalidad. Carrillo informó que los trámites migratorios, que no están incluidos en estas nuevas normas, generan más ganancias al Estado, pues por cada proceso, las personas deben pagar mil 50 dólares en impuestos.

“Tampoco queremos que todo mundo entre. Ellos tendrán en esa entrevista, que va a ser lo más importante, demostrar que vínculos tienen con la República de Panamá y el entrevistador con el supervisor estudiarán el caso y les dirán si procede o no procede”, dijo Javier Carrillo.

'Un Crisol de Razas disfrazado'

Irma de Araúz manifestó que el Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de su Comisión de Derecho Migratorio, siempre se ha opuesto al “Crisol de Razas” y consideró que estos nuevos decretos están disfrazados como este programa, por similitudes en diversos artículos. “Además de crear la ilegalidad, son un peligro para la seguridad del Estado”, manifestó.

Señaló que estos documentos no exigen que haya un permiso de trabajo. “El que no tiene un permiso de trabajo, obviamente, es una mano de obra informal que está, en la calle, desplazando a los panameños”, expresó.

Sobre el decreto, dirigido a la comunidad china en Panamá, Araúz dijo que entiende que muchos ya tienen familia por lo que sugirió se realice una regularización, por razones humanitarias, para exclusivamente aquellas personas que tienen vínculos muy fuertes o han residido en el país por años.

Gonzalo Medina, coordinador en Panamá de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destacó que hoy en día se vive “en una era donde hay movimientos constantes, a nivel internacional, de personas” y manifestó que la regularización de migrantes debe ser ordenada, segura y responsable, en especial para la protección de los derechos humanos de aquellos grupos vulnerables.

El coordinador de la (OIM) en el país resaltó que, en conjunto con otras instituciones, se han iniciado procesos para la formulación de un perfil migratorio integral, en donde se permita tener evidencia de hechos o conocer quiénes son las personas que están emigrando a Panamá.

Un paso positivo

Alejandro Félix De Souza, director del Grupo de Desarrollo Humano de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), expresó que la posición de la agrupación es que este tema se debe formalizar y quienes vivan en el país, de manera ilegal, estén deseosos de establecer y definir su estatus.

De Souza destacó que es un “paso positivo” que se ataque la situación, pero el cómo se ataca, es el problema. “Necesitamos que todas las personas cumplan con sus obligaciones con el Estado y la sociedad. Tienen que estar definidos”, manifestó De Souza.

Además, resaltó que ninguna sociedad tiene todo el abanico de talentos requeridos. “A lo largo de nuestra historia, van apareciendo profesiones nuevas en el mundo y hasta que nosotros, desarrollamos nuestra capacidad interna, muchas veces tenemos que incorporar talento de afuera o enviar panameños a otros países para prepararse”, dijo el director del Grupo de Desarrollo Humano de la Cciap.

“Como Cámara, favorecemos que haya un cumplimento de la Ley, el de contratar personal panameño en todas las posiciones que se puedan”, expresó. Esta política es la que se promueve dentro de la Junta Directiva de la Cciap con su membresía, aseguró De Souza.

Cuestiona la regularización

René Quevedo, consultor en inserción laboral, destacó que Panamá ha experimentado el crecimiento sostenido más largo de la historia, en el cual se ha cuadriplicado el tamaño de su economía y se han creado 723 mil empleos.

“Tenemos un sistema educativo, históricamente, divorciado de la realidad laboral del país y esa deficiencia ha sido agravada por el crecimiento económico”, dijo el consultor en inserción laboral, René Quevedo.

El consultor cuestionó el planteamiento para regularizar a los extranjeros, que se encuentren de manera ilegal, y resaltó que se deben revisar los criterios para la futura importación de mano de obra, con base en el déficit que presenta el país, la cual debe poseer experiencia y permita a los panameños desarrollarse en áreas técnicas.

Entre las conclusiones, los panelistas resaltaron que para establecer políticas migratorias se deben involucrar a todos los sectores, y a la vez, verificar que las normas actuales sean cumplidas por las empresas y sean supervisadas por las instituciones. Además, se espera que con estos nuevos Decretos Ejecutivos se fomente una "cultura de la legalidad".