Panamá inaugura primer juzgado de ejecución de pensión alimenticia

Pensión alimenticia

Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia
Juzgado de Ejecución de Pensión Alimenticia / Foto/Órgano Judicial

Ciudad de Panamá/El primer Juzgado de la República de Panamá en materia de Ejecución de Pensión Alimenticia de Niñez y Adolescencia, fue inaugurado recientemente por la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, para las provincias de Herrera y Los Santos.

Esto, con el objetivo de brindar respuesta a una población que requiere mayor disponibilidad del servicio y acceso a la justicia en este nivel jurisdiccional.

La magistrada López explicó que este juzgado está diseñado para garantizar que se promueva una paternidad y maternidad responsable, ofreciendo las herramientas necesarias para asegurar el cumplimiento de las pensiones alimenticias, que son fundamentales para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas, quienes son titulares y sujetos de derechos, merecedores de protección y cuidados especiales debido a su condición de vulnerabilidad.

También manifestó que con la creación de esta dependencia judicial se encarna el espíritu del artículo 27 de la Ley 15 de 1990, que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual impone a los Estados la obligación de asegurar y efectuar el derecho del niño a un nivel de vida adecuado, incluido el cumplimiento de las obligaciones alimenticias.

“Con esto nos aseguramos que las pensiones alimenticias que sean resueltas por los juzgados de Niñez y Adolescencia de las provincias de Herrera y Los Santos sean ejecutadas con la debida diligencia en el menor tiempo posible”, expresó la magistrada presidenta.

Indicó que con la implementación de esta nueva dependencia judicial no solo se cumple con lo establecido en la Ley 42 de 2012, reformada por la Ley 45 de 2016, sino también con garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño, fortaleciéndose en una justicia especializada más eficiente, como determina el Plan Estratégico Institucional 2020-2030, que establece directrices claras en un sistema de garantías de derechos, especialmente para aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

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